La morosidad en las PYMES, es decir, el que estas empresas de tamaño pequeño y mediano no puedan cobrar a sus clientes dentro de los plazos esperados, es un auténtico problema para ellas que puede llegar a ser catastrófico.

La gestión de tesorería es una actividad necesaria e independiente de la contabilidad que consiste en administrar el dinero efectivo (en caja y bancos) previendo los cobros que se van a ir realizando y programando los pagos que se deben hacer para, de esta manera, tener la menor cantidad de dinero posible lo que nos permitirá utilizar recursos económicos para otras inversiones productivas: el dinero que tenemos en nuestro banco en efectivo no lo estamos invirtiendo y se debe gestionar de manera que no necesitemos cantidades mayores.

Sin embargo, si nuestros clientes no nos pagan dentro de los plazos que deben hacerlo todo el trabajo de gestión de tesorería puede ser absolutamente inútil; si el volumen de cobros que no conseguimos hacer en el plazo esperado es muy alto no vamos a tener dinero en caja o bancos para pagar nuestras propias obligaciones, salvo que inmovilicemos allí más recursos (si es que los tenemos) y esto, en el mejor de los casos, va a afectar la productividad de nuestra empresa (perdiendo costes de oportunidad) y, en el peor caso, puede llegar a suponer un problema para la continuidad de la empresa.

Las estadísticas

Los datos que manejamos aquí provienen del estudio, publicado en octubre de 2018, sobre morosidad, realizado por la Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME) y por CEPYME.

El Índice Sistemático de Morosidad (ISM) ha subido un 3% respecto de 2017, manteniendo desde 2013 una tendencia continua a subir.

Con el crecimiento económico mayor que ha experimentado España en los últimos años ha aumentado, también, el crédito comercial y, con él, la morosidad de los pagos, llegando a estar en mora un 74,9% del total y situándose el periodo medio de pago en 82 días, cuando la Ley establece un máximo de 30 días ampliable hasta 60 (artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre).

El coste financiero que ha supuesto, para las empresas, estos retrasos en los pagos asciende a 1.089 millones de euros durante el segundo trimestre de 2018, suponiendo un 0,1% del PIB español.

Por sectores, el sector textil y el de construcción y promoción de inmuebles son los que más retrasos tienen en sus pagos, con una media de 90 días en el textil y 99 en el de vivienda; en el otro extremo el sector agroalimentario es donde menos se retrasan los pagos, con una media de 60 días, lo que el estudio atribuye a que se refiere a productos perecederos.

Por zonas geográficas, los retrasos son menores en la mitad norte de la Península, que se acerca más al periodo de pago máximo legal; los periodos medios de pago más largos se registran en Murcia (92,5 días), Andalucía (89 días) y Madrid (87,3 días).

Por el tamaño de la empresa deudora cuanto más grande es la empresa más se retrasa en sus pagos de modo que las microempresas pagan, de media, 7 días antes que las demás, que superan en 25 días el periodo máximo de pago.

El estudio atribuye esta realidad a la mayor capacidad de negociación de la empresa cuanto mayor es.

La morosidad en las Administraciones Públicas se ha reducido mucho, las comunidades autónomas tienen un periodo medio de pago de 33 días y los ayuntamientos de 63.

En conclusión, el 64% de las empresas padece la morosidad y ello pone en riesgo la supervivencia del 10% de las empresas.

Retrasos intencionados

La gran mayoría de estos retrasos son intencionados; como hemos dicho, la empresa ha de destinar el menor dinero posible a mantenerlo líquido en su tesorería para aprovechar sus costes de oportunidad: retrasando los pagos a proveedores todo lo posible se consigue una financiación que es casi siempre gratuita, ya que solamente el 7% de las empresas exigen los intereses legales en pagos morosos.

Además, como hemos visto en el punto anterior, cuanto más grande es el tamaño de la empresa más incumple sus obligaciones relativas a periodos de pago y esto se debe a que tiene más capacidad de imponerse a empresas de tamaño más reducido que tienen que aceptar la realidad de que deben soportar las condiciones que les impongan.

La gestión del crédito

Una oportunidad para encarar este problema de los impagos y conseguir remediarlo, al menos en parte, es aprovechar los avances tecnológicos de nuestro mundo actual (acceso a Internet y a la información financiera) para realizar una mejor gestión de los clientes a los que permitimos tener deudas con nosotros.

El análisis previo a la aprobación del crédito comerical se debe hacer estudiando los datos a nuestro alcance, ya no sólo las cuentas anuales publicadas por nuestro cliente, también existen nuevas herramientas de economía colaborativa que nos pueden aportar información más completa, viva y fresca.

En la generación del crédito que se produce en el momento de la entrega de los bienes o servicios debe hacerse de manera clara, dejando bien fijadas las condiciones de pago y dejando muy claras las condiciones de un posible impago.

En el caso de que se busque una financiación del crédito comercial a través de entidades financieras o aseguradoras este gran acceso a la información nos permitirá buscar al financiador más adecuado.

Por último, la gestión de cobro también ha evolucionado, la mayor capacidad de acceso a la información nos permite realizar una gestión más eficaz del control de riesgos y, además, se aplican nuevas técnicas de cobro como compensaciones de crédito. Por último, siempre existe la posibilidad de reasignar los cobros fallidos a entidades financieras que se dedica a ello y que nos van a aportar, al menos, un porcentaje de lo no cobrado.