La limitación de los pagos en efectivo: el que avisa, no es traidor

por Software DELSOL

a) Introducción normativa

En Octubre de 2012 entró en vigor la modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, estableciendo la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones.

En particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

A efectos del cálculo de las cuantías indicadas, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En particular, se incluyen:

  • El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
  • Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
  • Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

Respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

El incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo mencionadas es constitutivo de infracción administrativa.

Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación indicada. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos.

La infracción será grave.

La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera, según se trate de uno u otro de los supuestos anteriormente mencionados.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción.

Esta acción no dará lugar a responsabilidad por infracción respecto de la parte que intervenga en la operación cuando denuncie ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada.

La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.

La infracción mencionada prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. La sanción derivada de la comisión de la infracción prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Hasta aquí la información que nos facilita la AEAT y la normativa en vigor existente.

b) Consecuencias prácticas

Siempre que se publica una nueva normativa tributaria, además del período lógico de adaptación y divulgación que afecta a todos los contribuyentes, todos confiamos en una especia de manto protector que nos mantiene a salvo de las consecuencias ineludibles de su incumplimiento. Pero aunque no lo queramos, pasar, lo que se dice pasar, nos puede pasar en cualquier momento. Y prueba de ello, os facilitamos la primera sentencia en dicho sentido que confirma con toda lógica, la correcta aplicación de la normativa y la imposición de la sanción por parte de la AEAT.

Así que, el que avisa, no es traidor.

Sanción de 13.000 euros a una empresa de pinturas que abonó una factura en metálico por importe de casi 53.000 euros

TSJ La Rioja, Sala Contencioso, S 3 Dic. 2015. Rec. 39/2015

La empresa sancionada, compuesta tan solo por su administrador, un pintor que carecía de estudios, había abonado en metálico 52.998 euros por distintos trabajos realizados a otra empresa subcontratada; alegó en su defensa sus circunstancias culturales y psicológicas, limitándose a entregar los recibos y facturas a su contable, desconociendo la legislación que prohibía tal práctica; la Sala recuerda que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, y en este caso los preceptos aplicables no pueden considerarse complejos o que se necesite una especial preparación técnica para su comprensión.

Jurisprudencia comentada

TSJ La Rioja, Sala de lo Contencioso Administrativo, S 322/2015, 3 Dic. Ponente: Valentín Sastre, Alejandro

El objeto de impugnación es un acuerdo del Delegado Especial de la AEAT, desestimatorio del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de imposición de sanción por infracción administrativa, por incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo. En el curso de un procedimiento de comprobación limitada por el IRPF se constata la expedición de una factura por un importe total de 52.998 euros, por trabajos de pintura, que fue pagada en metálico. En la relación de servicios que da sustento a la factura, ambas partes intervinieron en calidad de empresario/profesional.

Recuerda el TSJ para confirmar la adecuación de la sanción que la ignorancia de las Leyes no excusa de su cumplimiento, y que al tiempo de realizar el pago ya estaba en vigor La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que establece que no pueden pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

Aunque en el contrato se pacta que el precio se irá abonando a la empresa subcontratista, la parte correspondiente, a la finalización de cada uno de los trabajos y una vez comprobados a satisfacción de la contratista, no se aporta prueba que acredite la realización de pagos a la finalización de cada uno de los trabajos o en día distinto al reflejado en el recibo.

Alega el sancionado error de prohibición o de derecho, dadas sus circunstancias culturales y psicológicas a fin de exonerarse de la responsabilidad que se le imputa aduciendo que se limitó a entregar los recibos y facturas a su contable, pero la norma no es compleja y para su comprensión no se aprecia que un empresario o profesional deba tener una especial preparación técnica, lo que lleva a la Sala a ratificar el elemento subjetivo de la infracción, al menos a título de negligencia, y a confirmar la sanción.

Fuentes consultadas:

- Agencia Tributaria Estatal
- TSJ La Rioja Sala de lo Contencioso

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