La que se avecina

Les garantizo que lo que se nos viene encima, no tiene ni la menor gracia con respecto a la famosa serie cómica que llega a muchas pantallas de los hogares españoles. Y creo que de ellos somos conscientes la mayor parte de los ciudadanos de a pie de este “maravilloso” país.

Una vez despejadas las dudas gubernamentales y formado el gobierno que tratará de meternos en cintura los próximos 4 años, si lo dejan, afrontaremos un panorama económico con grandes nubarrones que tarde o temprano, arrojarán alguna que otra tormenta sobre nuestros bolsillos.

A pesar de la recuperación de los niveles de empleo con suma lentitud, a pesar de la mantenida y continúa subida del PIB de nuestro país, el sempiterno déficit presupuestario de nuestra economía y la enorme presión ejercida por los hombres de negro de la Unión Europea, obligará a nuestros gobernantes a adoptar determinadas medidas de gran calado encaminadas en resolver dos graves problemas estructurales:

1. El tremendo déficit presupuestario desarrollado durante la reciente crisis económica y del que no salimos con la suficiente nitidez ni rapidez.
2. La complicada sostenibilidad del sistema de pensiones actual

Queramos reconocerlo o no, es obvio que un estado se puede y debe gestionar como cualquier hogar de una familia normal, con un presupuesto equilibrado entre ingresos y gastos. Tanto gano, pues tanto puedo gastar. Y si pretendo hacer una inversión o desembolso elevado, o bien empiezo a ahorrar para ir guardando algo en el colchón (ahora que los bancos no dan ni las gracias por nuestro ahorro), o tendré que endeudarme y posteriormente reducir mis gastos, para poder devolver aquello que en su momento me prestaron.

Esto que parece una verdad de Perogrullo, en el ámbito político torna en sentido contrario, hasta unos límites insospechados. Basta con que aparezcan unas elecciones en el calendario, para que unos y otros, de cualquier signo político, prometan hasta la saciedad que harán esto o aquello, con tal de obtener el voto de los ciudadanos, aunque casi nunca digan realmente cómo lo van a hacer o financiar. Eso parece ser secundario e incluso anecdótico, como aquella famosa política de origen andaluz que decía que “el dinero público no era de nadie”, aunque Hacienda opinaba totalmente lo contrario: “Hacienda, somos todos”.

Debemos tener muy claro que cualquier inversión debe que ser financiada mediante fondos públicos y hasta el día de hoy, todos los fondos que tienen los organismos nacionales, autonómicos y municipales, proceden de la recaudación vía impuestos. Y solo podemos invertir o si prefieren, gastar, sólo aquello que podamos ingresar, de ahí nuestro considerable déficit al haber invertido o gastado muy por encima de nuestras posibilidades en tiempos de una bajada brutal de la recaudación tributaria.

Sentadas estas bases, queda claro que en las condiciones económicas actuales, sólo la recuperación del nivel de empleo al de tiempos pretéritos (20 millones de empleados es el objetivo a medio plazo) y el aumento de la recaudación tributaria en determinados impuestos (directos, indirectos o de nuevo cuño), serán los que permitan a nuestros gobernantes, no sólo realizar las nuevas inversiones demandas además de las prometidas, sino también enjugar a muy largo plazo el enorme déficit presupuestario y la devolución de la deuda soportada que ya ha superado en varias ocasiones el 100% de nuestro PIB.

Prometer nuevas partidas de gastos (mayor empleo público sin ser necesario, becas por doquier, subsidios sin justificación adecuada, subvenciones variopintas, etc.) o inversiones irreales (aeropuertos vacíos o sin uso, vías del AVE sin rentabilidad, autovías sin tráfico, etc.) con supuestas reducciones de impuestos a los contribuyentes, no es más que, además de una entelequia, una cruel mentira que nos puede llevar a situaciones límite que no son para nada agradables.

Sólo desde la cordura y la sinceridad, podemos construir el estado del bienestar que nuestros propios impuestos puedan pagar. Y ahí es vital una buena administración de los recursos que son limitados, con un control exhaustivo del gasto comprometido y la detección eficaz del enorme fraude tributario (economía sumergida estimada en un 24,6%, ya que el real es imposible de conocer a ciencia cierta) que soportamos en nuestro país

En base a este escenario, os facilitamos los más importantes campos de actuación donde se va a centrar nuestro gobierno, para intentar cuadrar los próximos presupuestos y los requerimientos de la Unión Europea.

a) Prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio y subida del Impuesto sobre bienes inmuebles.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a prorrogar el Impuesto de Patrimonio, medida con un impacto de 1.300 millones de euros a partir de 2017, y a la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para contribuir al cumplimiento del objetivo de déficit del 3,1% comprometido para 2017.

Así figura en el plan presupuestario para 2017 que el Ejecutivo ha remitido Bruselas, que supone una prórroga de los Presupuestos de 2016 e incluyen las previsiones de ingresos y gastos, y el conocido como informe de acción efectiva, que recoge las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit de este año (4,6%) y registrar un déficit del 3,6% en 2017.

En concreto, el Gobierno propone para cumplir el objetivo de déficit la no-bonificación automática del impuesto sobre el patrimonio, con impacto a partir de 2017 en términos de contabilidad nacional por un importe de 1.300 millones de euros. Esta medida se debe a que la recaudación por esta figura se habilita año a año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que cancela la bonificación del 100% introducida en 2011, al no haber presupuestos esta cancelación desaparecería, si bien se han puesto los mecanismos legales para que no sea así.

También plantea la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles, los cuales se regulan a su vez año a año y por periodos de un año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Las variaciones en el IBI son competencia de los ayuntamientos, si bien el Ejecutivo esboza esta medida para recaudar más. Al no existir presupuesto estos dejarían de aplicarse, si bien los mecanismos instrumentados permiten su aplicación y un incremento de la recaudación en 24 millones de euros.

Junto a estas dos medidas, el Gobierno ya adelantó del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades aprobado el pasado 30 de septiembre para recaudar 8.300 millones de euros, con el que se establece un pago fraccionado mínimo del 23% para las empresas de más de 10 millones de euros de cifra de negocio, porcentaje que se eleva al 25% para las entidades de crédito. Con esta medida incluso se han recaudado mil millones más de lo previsto.

El Ejecutivo envía también el informe de acción efectiva que resume las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del déficit del 4,6% este año, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016 y el adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades.

No obstante, como resultado de las proyecciones de ingresos y gastos realizadas, el déficit estimado para 2017 por el Gobierno es del 3,6% del PIB, cinco décimas por encima del objetivo del 3,1% fijado en el marco del procedimiento por déficit excesivo. De esta forma, el Gobierno tendrá que aprobar medidas de ajuste por importe de 5.000 millones para cuadrar las cifras de déficit del año que viene. Y eso, fácil, lo que se dice fácil, no lo será.

En dicho sentido, Montoro y compañía trabajan en el alambre para no tocar ni el IRPF, ni el IVA, y apostarán por determinados impuestos especiales como el de las bebidas alcohólicas de alta graduación, sin tocar ni la cerveza ni el vino, y crearán además un impuesto para las bebidas azucaradas que tanto contribuyen al deterioro de la salud de muchas personas con tendencia a la obesidad. Es casi una política compensatoria: recaudar por esta vía para reponer el gasto que dichas patologías ocasionan a nuestro sistema de seguridad social.

Además, se reducirán las deducciones en el Impuesto de Sociedades para ajustar aún más la tributación neta (al igual que los países de la Unión Europea) y se volverán a retocar los tipos impositivos a las grandes empresas que, al fin y al cabo, son las que hacen más ingeniería fiscal y suelen practicar más con este tipo de ajustes.

b) Enjugar el déficit de la Seguridad Social

En detalle, el escenario que estima el Gobierno es de un déficit del 4,6% para este año, distribuido entre el Estado (2,6%), las administraciones territoriales (0,3%) y la Seguridad Social, cuyo desajuste entre ingresos y gastos alcanzaría el 1,7%, lo que supone seis décimas de lo previsto anteriormente y un déficit récord sobre los 18.000 millones de euros.

Para el año que viene, sin embargo, la previsión es que el déficit de la Seguridad Social disminuya en algo más de 3.000 millones, hasta el 1,4%, lo que junto a la bajada del déficit en el Estado (2,1%) y las administraciones territoriales (0,1%) situaría el déficit de España en el 3,6%.

c) Las cotizaciones crecerán un 2,9% en 2017

Las previsiones son de un crecimiento interanual de las cotizaciones sociales del 2,9% y del 2,5% en 2016 y 2017, respectivamente. Además, de acuerdo con la recuperación del mercado laboral prevista para el próximo año y la evolución de los beneficiarios, se estima que el gasto en prestaciones por desempleo se reducirá en torno a un 7% en 2017.

En 2016 y 2017 se estima una creación neta acumulada de 900.000 empleos y una reducción del paro de un millón de personas, situándose el número de ocupados en 19 millones y la tasa de paro por debajo del 17% de la población activa, a finales de 2017.

En este sentido, las cotizaciones seguirán una tendencia creciente, con un crecimiento cercano al 3% en 2016 y del 2,5% en 2017, impulsadas por la recuperación del mercado de trabajo y la estabilización de la remuneración de asalariados. También se aumentarán un 8% las bases máximas de cotización y se retocarán al alza las bases mínimas, con una subida progresiva del SMI con el horizonte 2020.

Con todas estas variables, el Gobierno calcula que la ratio de ingresos alcanzará el 37,8% del PIB en 2016, proyectándose para 2017 un importe equivalente al 37,7%, mientras que, por el lado del gasto, la ratio se reduce hasta el 42,4% del PIB en 2016 y hasta el 41,3% en 2017.

Así, la economía española crecerá un 3,2% este año y un 2,6% el año que viene, algo más de lo recogido en la previsión del cuadro macroeconómico realizada por el Gobierno el pasado julio.

En cuanto al apartado de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, se ha vuelto a convocar el Pacto de Toledo con el fin de buscar soluciones diferentes a las actuales, ya que la cosa no pinta demasiado bien. El considerable aumento de la esperanza de vida de los españoles, unido a la reducción de cotizantes en la reciente crisis económica cuyos efectos aun arrastramos, ha supuesto una merma muy importante de los recursos económicos acumulados por el sistema de previsión actual, que empieza verse comprometido a medio plazo.

No sólo es necesario que siga creciendo el nivel de empleo en nuestro país hasta los 20 millones de cotizantes anhelados, sino que habrá que articular diferentes medidas de otro tipo para que no se recorten, más de lo que es deseable, aquella prestación para la que mucha gente se parte el lomo la mayor parte de su vida. Los sucesivos cambios que han endurecido el cálculo para la percepción de una prestación reduciéndola, no han hecho más que maquillar lo que era un secreto a voces: el sistema debe cambiar y mucho si no queremos que tarde o temprano quiebre o desaparezca.

Hay multitud de propuestas en uno u otro sentido, pero cada una lleva aparejada diferentes efectos que no son deseados por determinados colectivos. Si aumentan las cotizaciones de los que trabajan, se perjudica a empresas y autónomos, que son el motor más potente y dinámico de nuestra economía. Si, por el contrario, se traslada el coste de estas u otras prestaciones a los presupuestos del Estado, se aumentará la carga impositiva sobre los contribuyentes de una u otra forma.

Así que estamos como la pescadilla que se muerde la cola. Todos queremos más, pero queremos pagar menos, lo cual, al día de hoy, todavía no es posible.

Estaremos atentos a los que unos y otros nos proponen, pero mirándonos en sociedades más avanzadas económicamente que la nuestra, y aunque la mayoría no les guste, la tributación en España no es la más adecuada para reclamar mayores prestaciones a nuestros entes públicos. Tentémonos la ropa y pensemos que la corrupción, la economía sumergida, la insuficiente recaudación tributaria en muchos impuestos y todo un universo de fraude a pequeña y gran escala, no pueden hacer posible sin más el maravilloso estado del bienestar con el que todos soñamos. O lo pagamos a escote, o estamos condenados en vivir en un sueño que tornará en pesadilla en cuanto despertemos. Tiempo al tiempo.