Efecto boomerang

por Luis R. Garach

No pasa un solo día en este país sin que nos levantemos con un nuevo sobresalto judicial cuyas consecuencias tarde o temprano, llevan implícito el que llamaremos de manera coloquial, el efecto boomerang, recordando al artefacto ancestral típico de nuestras antípodas.

Ese efecto lo podríamos definir como algo que nos da la razón, pero que posteriormente se nos vuelve en contra o tiene unas consecuencias no deseables.

Vamos a poner sobre la mesa un par de casos acaecidos en las últimas semanas que son al menos, curiosos, por las implicaciones que ambos conllevan.

  1. Las cestas de navidad como un derecho adquirido por los trabajadores de una empresa a pesar de que la misma había entrado en pérdidas.

El Tribunal Supremo establece que las empresas que han concedido cesta de Navidad a sus empleados de forma continuada están obligadas a mantener este beneficio. Así lo ha dictado el Alto Tribunal en una sentencia, que sienta jurisprudencia -es la segunda en esta línea- y modifica la doctrina según la cual las empresas no están obligadas a mantener dicha cesta porque se trata de un acto de liberalidad.

El nuevo fallo consagra esta retribución incluso aunque la empresa alegue que no puede darla por la situación económica que atraviesa, y lo hace en un caso que afecta a una empresa resultado de la fusión de otras dos, cuando una de ellas, otorgaba cesta navideña pero la otra no lo hacía.

El TS concluye que el beneficio de la cesta de Navidad, si se viene repitiendo en el tiempo, constituye lo que se denomina una condición más beneficiosa o derecho adquirido por los trabajadores y se ha de respetar. Al tratarse de una concesión de carácter colectivo, su modificación o supresión no se puede realizar unilateralmente, sino a través de un nuevo pacto, como establece el Estatuto de los Trabajadores.

El Supremo da un giro de 180 grados a lo que se establecía hasta la fecha y subraya ahora que "es patente la voluntad inequívoca de la empresa de conceder este beneficio hasta el punto de que todos los años el Departamento de Recursos Humanos elaboraba la lista de beneficiarios y la remitía al Departamento Comercial, que adquiría el producto y lo enviaba al almacén, se informaba al personal de que ya estaban dispuestas las cestas y las recogían en el almacén de la empresa, participando el Comité de Empresa en la elección de la calidad de los artículos. Dicho beneficio se hacía constar en la oferta de empleo". La cesta, recoge la sentencia, tenía un valor de 66 euros.

  1. Reclamación de los gastos contraídos a la hora de suscribir un préstamo hipotecario con una entidad bancaria.

Como parece ser que el personal no tenía bastante con la cláusula suelo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha abierto la posibilidad de que los solicitantes de hipotecas reclamen a su banco la devolución de los gastos que asumieron al recibirla. Dicha sentencia considera que también es nula la cláusula que impone al consumidor el pago de todos los gastos relacionados con la escritura de formalización de la hipoteca.

Dicha sentencia se refiere a los gastos de notario, a la inscripción en el Registro de la propiedad y al pago del consabido Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. No podemos olvidar que en todas las escrituras de préstamos hipotecarios se indica que dichos gastos correrán a cargo de la persona que solicita el préstamo, que es, por tanto, el sujeto pasivo.

Aunque no podemos entrar en profundidad en este asunto, si es conveniente saber que esta Sentencia, se ha dictado en relación con el modelo de hipoteca utilizado por una determinada entidad financiera. Dado que el resto utilizan un modelo muy similar, ello puede que le sirva a los afectados para poder alegarlo en reclamaciones futuras.

Si después del palo a los bancos de la cláusula suelo, les damos otro con el tema de los gastos, no es de extrañar que, en menos de un lustro, queden la mitad de las entidades que existen actualmente, y que las mismas, con tal de sobrevivir, nos cobren comisiones y gastos por cada uno de los muchos servicios que nos prestan y que en, algunos casos esporádicos, son gratuitos para muchas empresas y particulares que están en mayor o menor medida, fidelizados de una u otra forma.

Conclusión:

Mejorar lo que a todas luces no es de justicia, es propio de estados de derecho con un alto nivel democrático, pero volver a interpretar las normas con efectos retroactivos sólo puede indicar dos cosas: arreglar por un lado algo que no era justo o ajustado a derecho en el momento en que se legisló, y en algunos casos, ocasionar un perjuicio no lo suficientemente aquilatado que ocasione unos efectos peores que lo que se trata de enmendar. Juzgar de espaldas a la realidad en la que vivimos es muy lesivo para nuestro sistema, y el aplicar el principio “caiga quien caiga”, es en ocasiones como estas que hemos comentado, la puesta en marcha de un temido boomerang sin rumbo que nos puede golpear al poco que nos descuidemos.

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