Don erre que erre

por Luis R. Garach

Aunque a la mayoría de los que ya peinamos canas, esta expresión nos recuerda la cómica película de igual nombre del querido y genial actor Paco Martínez Soria, la cosa ya viene de algunos siglos atrás y aparece por primera vez en la obra literaria “Cuento de cuentos”, de otro genial español: Francisco de Quevedo.

Este tipo de conducta tan española y reivindicativa, nos viene al pelo de uno de los asuntos sobre los que más tinta se ha vertido en los últimos meses: el registro de la jornada laboral por parte de los trabajadores.

Hasta ahora las empresas debían llevar un control diario de las horas trabajadas por sus empleados con contrato a tiempo parcial, como se indicó en el Real Decreto Ley 16/2013, y también de las horas extraordinarias, según el artículo 35.5 Real Decreto Legislativo 2/2015, del Estatuto de los Trabajadores, de las que en ambos casos hay que entregar un resumen mensual a los trabajadores junto con la nómina correspondiente.

Durante estos últimos años han surgido numerosas controversias en cuanto a si dicho registro afectaba o no a todos los trabajadores, o sólo se refería a los dos supuestos contemplados en el párrafo anterior. La inspección de Trabajo opinaba que el registro afectaba a todos los trabajadores con independencia de su jornada y que, por tanto, todas las empresas y sus empleados debían cumplimentar el mencionado registro. Ello ha ocasionado numerosas actas de inspección y cuantiosas multas que más que contribuir a un clima de entendimiento, han sembrado un enorme desasosiego en los sectores empresariales ya que la interpretación de la normativa era excesivamente escrupulosa por parte de las autoridades laborales.

Han tenido que ser los altos tribunales de justicia los que después de numerosas causas con sus correspondientes recursos, réplicas y contrarréplicas de las partes implicadas, hayan por fin sentenciado que el mencionado registro de jornada laboral sólo afectará a los dos casos antes mencionados: trabajadores con jornada a tiempo parcial y la realización de horas extraordinarias.

La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2017 – recurso 81/2016, ha anulado el registro de la jornada laboral obligatorio para todos los trabajadores al que llevaron varias sentencias de la Audiencia Nacional, señalando que cuando se hagan horas extraordinarias se debe llevar un registro de ellas, como indica el art. 35.5 ET, y con los trabajadores a tiempo parcial hay que llevar un registro de la jornada diaria, indicado en el art. 12.4.c párrafo 3º ET.

Dicha sentencia pone coto a un criterio que introdujo hace unos meses la Audiencia Nacional a través de otra sentencia, ahora corregida por el Supremo. En ella se generaba la obligación por parte de cualquier empresario -fuera cual fuera su negocio y sus dimensiones, e incluso en supuestos de trabajo deslocalizado- de llevar a cabo un control concreto de las horas de entrada y salida de sus trabajadores a sus puestos de trabajo. En el centro del debate se encuentra el control de las horas extra: la Audiencia Nacional entendió en su día que era necesario este control férreo de la jornada para que los empleados pudieran tener un medio de prueba de en qué casos se superaba ésta.

Así, esta medida tenía como finalidad proteger al trabajador del potencial abuso que pudiese llevar a cabo el empresario de la jornada laboral del trabajador. De esta manera, el registro servía como prueba del cumplimiento de la misma, pero también para la propia empresa, que puede probar gracias a este registro posibles casos de absentismo laboral, entre otras cosas.

Sin embargo, el Alto Tribunal decidió matizar esta obligación que tanta polémica creó entre el sector empresarial. Y es que el hecho de extenderla a todo tipo de empresa supone una inversión en equipamiento informático para dotarla de un medio de prueba real, sin que baste anotar cada jornada de forma manual.

El Tribunal Supremo desoye la doctrina de la Audiencia Nacional y de la Inspección de Trabajo, llevando a cabo su propia interpretación del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, afirmando en su sentencia que “la obligación del empresario de anotar -registrar- se extiende solo a las horas extraordinarias realizadas”. El Supremo argumenta que, además de hacer una interpretación estricta de lo expuesto en el Estatuto de los Trabajadores, no observa desprotección alguna hacia el trabajador, siempre y cuando se cumpla con el requisito mínimo del registro de las horas extraordinarias.

Son muchas las empresas que, al amparo de esta sentencia, han recurrido las sanciones impuestas (por cuantías astronómicas en algunos casos) por la inspección de Trabajo, y esperan que la justicia les otorgue la razón ya que habían obrado correctamente. En casos como el que nos ocupa, no se puede machacar al sector empresarial con tantas y variadas normativas, ya que aunque muchas son de obligado cumplimiento, el legislador no sopesa adecuadamente el coste económico de su implantación y se limita a aumentar su número sin tener en cuenta el efecto negativo que supone en determinados sectores creadores de empleo y de riqueza.

Esperemos que la cosa se quede en la situación actual y que no se siembren más dudas entre los empresarios. Los tribunales de justicia de nuestro país están suficientemente colapsados con las Cláusulas Suelo y los gastos de constitución de las hipotecas, para que ahora, esta nueva problemática, suponga un esfuerzo extraordinario en nuestros juzgados que ni están equipados adecuadamente, ni cuentan con la dotación de personal necesaria para prestar un servicio judicial más rápido que dinamice nuestra sociedad y por tanto, nuestra economía.

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