Los falsos autónomos y la picaresca española

Dicen que la crisis agudiza el ingenio, pero, en nuestro país, ello siempre se traduce en un porcentaje de fraude a las arcas públicas de proporciones cuasi bíblicas. Y como siempre, en este y en otros casos, debemos remitirnos a las pruebas, o al menos, a las cifras que los organismos oficiales nos trasladan sobre el asunto en cuestión.

Desde determinados colectivos se viene denunciando de un tiempo a esta parte, el enorme problema que ocasiona para las arcas públicas, el conocido como fraude de los falsos autónomos.

Para los no iniciados en el tema, se trata del sistema puesto en marcha por miles de empresas para poder emplear mano de obra barata en sus negocios con ciertas peculiaridades que no es que rocen la ilegalidad, sino que están directamente fuera de la ley:

• Se realiza contrato mercantil por lo que la relación empresa-trabajador queda fuera del marco laboral y por tanto esta en fraude de ley. El trabajador no ejerce como tal si no que se trata de un colaborador comercial de la empresa y por tanto se supone que no forma parte de la misma, aunque las funciones que desempeña son las mismas que el propio personal laboral en la mayoría de los casos. Además, dada su condición de personal no laboral, la empresa puede rescindirse la relación en cualquier momento alegando cualquier motivo y, además, sin pagar indemnización alguna.
• El colaborador comercial cotiza en régimen de autónomos y en muchos casos, aprovechando la tarifa plana para emprendedores, con lo que el importe de su cotización es muy inferior, hecho que aprovechan las empresas para ahorrarse un notable importe en comparación con la cotización en régimen general. Un autónomo con base mínima cotiza 275 euros al mes, mientras que uno con tarifa plana, satisface 50 euros durante los seis primeros meses (12 si se aprueba la nueva ley de autónomos) y además mantiene ciertas bonificaciones en cuota durante un máximo de 18 meses. Comparado con el régimen general donde la empresa paga un mínimo del 30 % de la base de cotización de un trabajador más el 6,35% que aporta el mismo, en todo aquel empleado que cotice por una base superior a los 756 euros, se produciría un ahorro en cotizaciones, y, por tanto, un flagrante fraude en las mismas.
• Algunas empresas sólo utilizan este método con personal destinado a labores de promoción comercial o de ventas, los cuales suelen tener una rotación mayor y un tiempo de permanencia menor en la empresa (ya que se les agota su peculiar mercado de captación o no perciben las cantidades necesarias para tener una retribución medianamente decente), pero el fraude también se traslada a otras ocupaciones donde es indefendible la aplicación de este peculiar método: administrativos, conductores, técnicos reparadores, etc.

Los cálculos de algunos colectivos en cuanto al fraude que supone para las arcas públicas superan los 560 millones de euros anuales, y afectarían a más de 210.000 personas, con un salario anual estimado de 16.500 euros.

Está claro que todo esto se basa en estimaciones que pueden ajustarse más o menos a una realidad que es bastante más complicada de evaluar y valorar económicamente, de manera similar cuando se arrojan cifras sobre la economía sumergida. Basta saber que se califica de sumergida como para valorar al céntimo cuanto supone en fraude a las arcas públicas, aunque está claro que las estimaciones deben existir como tales con el objetivo de concienciar a todos del enorme problema que ello supone para la economía de nuestro país.

No seré yo quien juzgue a nadie por utilizar las debilidades o flaquezas de nuestro mercado laboral para dar encaje a prácticas ilegales, ya que para eso están los correspondientes

organismos y los tribunales de justicia. Así que me limitaré a poner las cartas sobre la mesa y que cada cual valore según su propio criterio.

Vista la polémica surgida, y el apego que siento por el mundo del autónomo emprendedor, me he permitido desarrollar un pequeño supuesto práctico para que cada uno saque sus propias conclusiones a cerca de las notables diferencias de tributación y de cotización que existen entre un trabajador en régimen general y otro que cotiza en autónomos.

Como en toda estimación, he suprimido índices de actualización de precios y cotizaciones al considerar el tipo actual de interés como del 0%, y he aplicado las actuales normas de cotización y pensiones de la Seguridad Social, así como en materia de del IRPF por parte de la AEAT.

Caso Práctico

Contamos con la colaboración de dos personas: Juan Contratado y Antonio Autónomo. Ambos son solteros y no tienen familia a su cargo a efectos del cálculo de su IRPF.

1. Juan Contratado trabaja en una empresa en régimen general y gana 20.000 euros netos anuales. Los impuestos y cotizaciones de su salario, son los siguientes:

   • Salario Bruto: 25.000 euros
   • Aportación del trabajador a la Seguridad Social 6,35%: 1.587,50 euros
   • Coste de Seguridad social para la empresa 30,1%: 7.525 euros
   • IRPF: soporta una retención del 14,13%, por lo que le retienen al año 3.532,50 euros, debiendo pagar en su renta un resto de 36,76 euros. Total de IRPF: 3.569,26 euros.

   Por dichos conceptos (Seguridad Social + IRPF), el Estado percibe del trabajo de Juan Contratado un importe de 12.681,76 euros incluyendo las aportaciones de la empresa a Seguridad Social.

2. Antonio Autónomo trabaja como agente comercial independiente. Tiene un rendimiento bruto de 24.800 euros anuales descontados sus autónomos mínimos, siendo los impuestos y cotizaciones los siguientes:

   • Cotización al régimen especial de trabajadores autónomos: 29,80 % sobre una base mínima de 922 euros/mes: 275 x 12 = 3.300 euros.
   • IRPF: paga mediante el modelo 130 a cuenta de su IRPF la cantidad de 4.927 euros, aunque después percibe una devolución en renta de 713,50 euros. Impuestos netos pagados: 4.213,50 euros.
   • Sus ingresos netos anuales son de 19.873 euros, aunque cuando le devuelven la renta, se elevan hasta los 20.586,50 euros.

   La recaudación de las arcas públicas en este caso es “sólo” de 7.513,50 euros dado que no existe aportación empresarial a seguridad social.

A simple vista podemos observar dos hechos irrefutables:

1. Antonio Autónomo paga a efectos de IRPF 644,24 euros más que Juan Contratado, siendo sus ingresos netos anuales muy similares. El IRPF penaliza a nuestro autónomo en comparación con el trabajador contratado en régimen general.
2. La Seguridad Social percibe del trabajador en régimen general gracias a las cotizaciones de su empresa, 5.812,50 euros anuales más que el caso del autónomo. La cotización de Juan Contratado es sobre una base anual de 25.000 euros (2.083 euros al mes) a un tipo del 36,45%, mientras que Antonio Autónomo sólo cotiza por una base anual de 11.064 euros (922 euros al mes).

Una de cal y otra de arena, como solemos decir por estos lares.

¿Qué ocurre de cara al futuro de sus pensiones con estos dos currantes?

Volvemos a realizar una estimación que nos arroje algo de luz al respecto. Si con dichos datos y sin tener en cuenta variaciones de cotización ni de percepciones salariales, estimamos que ambos van a cotizar a la Seguridad Social durante 35 años, la pensión de jubilación que les quedaría, variaría notablemente de uno a otro caso.

1. Juan Contratado percibiría una pensión de 21.429 euros.
2. Antonio Autónomo sólo percibiría 9.484 euros, es decir sólo un 44 %.

La diferencia está muy clara. Veamos el cuadro de ingresos percibido por la Seguridad Social durante estos 35 años:

Para que nuestro maltrecho autónomo tuviera una pensión igual a la Juan Contratado debería cotizar en autónomos por un importe mensual de 621 euros, es decir, 4.152 euros al año más que con su base actual.

Es decir, que nuestro autónomo además de sufrir en su cartera una tributación anual superior con respecto a Juan Contratado de 644,24 euros, debería pagar una cotización superior anual de 4.152 euros, con lo que su renta disponible anual se reduce a 16.434,50 euros, un 17 % inferior a la del trabajador contratado. Si ello sucede durante toda vida laboral (algo altamente improbable), habrá percibido 145.320 euros menos a cambio de cobrar una pensión de 21.429 euros en vez de los 9.484 euros de base mínima.

A bote pronto, deberá cobrar su pensión durante un mínimo de 12 años y 2 meses después de su jubilación, para que al menos pueda recuperar el ahorro que realizó durante los 35 años de su vida laboral. Con la esperanza de vida actual (79 para hombres y 81 para mujeres en nuestro país) está claro que no es una entelequia, pero el sacrificio de toda una vida de ahorro para vivir una jubilación mejor, es a priori un melón cerrado que no sabemos cómo puede resultar.

Conclusiones

Nada es verdad ni mentira, y todo depende del color del cristal con que se mira.

Con estos demoledores números en la mano, queda un poco más claro que:

1. Por parte de las empresas:

   • Prefieren pagarles como mayores percepciones a los autónomos falsos su “sello del mes” por importe de 275 euros que soportar unos seguros sociales de 627 euros. Si los pillán, pagarán, y con multa, pero mientras, se ahorran 352 euros al mes por autónomo y sanean sus maltrechas cuentas de resultados.
   • No aumentan su plantilla con personal laboral ya que la falta de flexibilidad de nuestro mercado de trabajo, les obliga a comprometer grandes cantidades de recursos económicos que, en muchas ocasiones, no sólo lastran sus resultados, sino que comprometen su futuro en casos de crisis económica como en la que nos encontramos todavía (por mucho que algunos digan que esto funciona a las mil maravillas). Está claro que no es lo mismo una gran empresa que una pequeña, pero en algunos casos supone tener o no pérdidas.

2. Por parte de los trabajadores:

   • Dado el alto nivel de paro, encuentran una salida temporal que, si les funciona, les garantiza unos ingresos más o menos decentes e incluso la posibilidad de pasar a ser personal laboral de la empresa, aunque si no les funciona y utilizan la tarifa plana de autónomos, habrán gastado una bala de su cargador de oportunidades.
   • De cara al futuro, a plazo corto y si no funcionan bien, pierden la posibilidad de percibir la ayuda por desempleo, y a largo plazo, cotizarán de cara a su pensión por un importe netamente inferior al deseable. Aunque visto con está el patio, sólo piensan en las pensiones aquellos con más de 45 años, ya que el resto no saben si podrán reunir los mínimos requisitos de cotización precisos para poder obtener dicha prestación.
   • Quieran o no, están en precario y con un menoscabo importante de sus derechos, pero con el mercado laboral que tenemos, a veces es lo que les permite llenar el frigorífico y dar de comer a sus familias. Y cuando la necesidad aprieta….

Cada uno debe tentarse la ropa y valorar si le merece la pena disponer durante su vida laboral de una mayor renta disponible y tener cuando llegue la jubilación, una pensión inferior, o por el contrario, cotizar por una base mayor con dos riesgos muy grandes: la supervivencia del actual sistema de pensiones tal y como lo conocemos, y la esperanza de vivir en unas buenas condiciones de salud y cobrar una pensión superior.

Así que cada uno saque sus propias conclusiones. Como autónomo y profesional con más de 30 años de cotización a mis espaldas, les garantizo que he sacado las mías propias y no es oro todo lo que reluce.