La línea Maginot

por Luis R. Garach

A muchos de los que hoy peinamos canas, nos enseñaban historia de la buena. Se trata de esa clase de historia que se nos queda grabada a pesar del paso de los años y que podemos transmitir a las nuevas generaciones para que saquen sus propias conclusiones.

Queda claro que la adquisición de esos conocimientos dependía en buena medida de la habilidad y carisma del profesor de turno, y de la impronta con la que nos trasladaba dichos conocimientos. Reconozco que tuve una tremenda suerte con aquellos que me impartieron esa asignatura que muchos, antes y ahora, consideran una “maría”, algo prescindible. Lamento discrepar de esa opinión que se extiende como una plaga entre nuestras tecnológicas, aunque poco cultas, nuevas generaciones. Es un peaje que tarde o temprano, pagaremos y no será barato.

Me sirve esta introducción para iniciar mi particular defensa del trabajo que cada día realizamos en este país, decenas de miles de profesionales dedicados al asesoramiento de empresas, ya sean grandes o pequeñas.

La verdad es que no nos lo están poniendo nada fácil y cada día más, se está transformando la nuestra, en una profesión de un alto riesgo económico y si me apuran, hasta penal.

Y me explico con detenimiento para que vean dónde estamos y hasta dónde nos quieren llevar.

Es necesario y muy loable el esfuerzo de nuestros organismos oficiales por controlar la tributación de todos los sectores productivos y aflorar ese enorme caudal de fraude que todos sabemos a ciencia cierta que existe: la economía sumergida, donde si ocupamos un lugar de privilegio en la clasificación de la Unión Europea.

Año tras año se ponen en marcha nuevas y novedosas medidas de control que, probablemente no evitan algunas fórmulas innovadoras para la elusión fiscal, pero si contribuyen a paliar, corregir y prevenir conductas menos elaboradas y más tradicionales que se llevan a cabo tanto en el ámbito particular como en el empresarial.

La creación de nuevas declaraciones informativas para el control de alquileres vacacionales y gastos de guarderías, son nuevos intentos para acotar la generación de fraude en sectores muy concretos, aunque su importancia en la economía sumergida no sea demasiado alta en el segundo de estos casos. La remisión de millones de cartas con ocasión de la puesta en marcha de la campaña de renta de este año, avisando de por dónde vienen los problemas (alquileres no declarados, inversiones en criptomonedas y rendimientos obtenidos en el extranjero), es una muestra palpable más de la confirmación del gran arsenal de datos que posee en su poder la Agencia Tributaria.

Dentro de ese gran plan de control tributario y las diversas medidas que se están poniendo en marcha desde diferentes organismos, hay dos que afectan a nuestro colectivo profesional y pueden suponer en determinados casos, un claro intento de intromisión en el normal desempeño de nuestro trabajo con los clientes a los que asesoramos.

Dichas medidas son:

  1. El Real Decreto 11/2018 sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  2. La obligada comunicación a la Administración Tributaria de los sistemas aplicados por parte de los grandes (y no tan grandes) despachos a sus clientes con operativa internacional para la elusión o al menos, reducción, de sus impuestos.

Mientras que en el primero de estos apartados no podemos más que manifestar nuestra conformidad ya que es un paso más que se avanza en el buen camino, en el segundo consideramos que se está yendo un poco más lejos de lo que podría ser lógico.

En España estamos muy acostumbrados a aplicar la máxima: “hecha la ley, hecha la trampa”, pero es que lo que se pretende de esta manera es dar a conocer a los organismos de control tributario el modo en que vamos a intentar rebajar la cuota fiscal de nuestros clientes utilizando todo nuestro conocimiento, pero dando toda la información a aquellos que nos controlan y legislan sobre lo que se puede y no se puede hacer. Ya no se trata de poner al lobo a cuidar de las ovejas, sino de invitarlo a la mesa y servirle las ovejas despellejadas y cuarteadas para que no se atragante, y a costa de nuestro bolsillo.

La existencia de un código deontológico para el desempeño de nuestra profesión queda un poco en entredicho si se pretende por parte de las autoridades fiscales no sólo controlar a nuestros clientes y a nuestros despachos, sino que también le digamos cómo y en qué forma, vamos a intentar no ya defraudar, sino pagar menos impuestos. Es como pedirle a Coca Cola que haga pública la fórmula mágica que les hace ser únicos y multimillonarios.

Siempre tendremos alguien que nos diga que se trata de medidas encaminadas al control de los grandes bufetes y despachos, esos que juegan en las grandes ligas, pero es que ese ánimo de control se extiende a todos los niveles y amenaza poco a poco con destruir miles de puestos de trabajo en nuestro sector, ya que cada vez se pretende que hagamos más cosas y más complicadas, con menores márgenes de beneficio y en menores plazos.

El advenimiento del SII como maná de control tributario ha supuesto una auténtica revolución informática y de gestión para muchas empresas, y ciertamente arroja unos resultados muy positivos para la Agencia Tributaria.

Pero si se siguen creando obligaciones de presentación de modelos informativos a las pequeñas empresas, nuevos cumplimientos de normativas (blanqueo, protección de datos, riesgos laborales, compliance tributario, control horario de asistencia de trabajadores y un largo etcétera) y se estrechan los plazos de presentación (las empresas pequeñas se tienen que adaptar a las grandes si quieren suministrarles y venderles), estamos provocando dos efectos muy negativos en nuestra economía:

  1. Los despachos profesionales no pueden seguir reduciendo sus precios dado que cada vez tienen que vigilar más aspectos de sus clientes y ello conlleva una gran inversión de tiempo, dinero y recursos humanos que reduce su rentabilidad a niveles mínimos y lo que es más peligroso, arroja a sus clientes en manos de asesorías low cost que no tienen la capacitación necesaria para prestar un asesoramiento adecuado. Al final, lo barato puede salirnos muy caro.
  2. Los autónomos y pymes terminan por claudicar ante la exigencia de nuevas normativas y cumplimientos tributarios y legales, y al final arrojan la toalla y trasladan su actividad al lado oscuro, a esa economía sumergida que nadie quiere pero que permite sobrevivir en tiempos de necesidad.

Los profesionales de la asesoría nos hemos convertido muy a nuestro pesar, en esa línea Maginot que nuestra vecina Francia decidió construir pasada la primera guerra mundial para evitar posteriores invasiones de naciones vecinas en caso de nuevos conflictos bélicos. La historia demostró que, con el paso de los años y el avance tecnológico de un par de décadas más, los vecinos teutones pudieran sortearla con cierta facilidad y ello no les supuso gran dificultad para sus ambiciones expansionistas que convirtieron por segunda y esperamos, última vez, el centro de Europa en un gran campo de batalla.

La aplicación del calificativo colaboradores sociales a los profesionales que asesoramos a los cientos de miles de empresas de nuestro país debe ser valorado en su justa medida, pero nunca transformada en ese sentido bélico conocido como “colaboracionista” en el que se nos quiere transformar desde algunas instancias.

Cada uno debe asumir el rol de su profesión y los cometidos que le han sido encomendados en su correcto desempeño, y en ello debemos emplear todas nuestras energías, pero nunca a costa de nuestra salud mental y económica.

Al fin y al cabo, cada uno se gana la vida como puede más que como quiere, pero eso sí: siempre dentro de la legalidad más estricta y nunca, fuera de ella.

“Dedicado a la memoria del hermano Marista “Martin Zugasti Leche” por sus maravillosas enseñanzas, así como su infinita fe y paciencia conmigo”.

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