El Código de Buenas Prácticas Tributarias

por Luis R. Garach

Reincorporados del periodo de descanso estival, y con escasos síntomas del mal llamado síndrome postvacacional, retomamos el análisis de aquellos aspectos más destacados de la actualidad tributaria de nuestra querida piel de toro.

En boletines anteriores les hablamos de la moda del compliance (cumplimiento) en las empresas de nuestro país. En esta ocasión, profundizaremos en el tema tributario que es el que más nos afecta desde el punto de vista profesional y gerencial como veremos más adelante.

La progresiva implantación en las empresas de cierto calibre o tamaño, de los programas de cumplimiento normativo, responde claramente a la globalización de la economía, principal motivo del crecimiento de las oportunidades de negocio, lo cual conlleva un notable incremento de las amenazas y riesgos que debemos afrontar si queremos hacer frente a un mayor número de normativas y regulaciones cada vez más complejas, por no hablar de la existencia de inadecuadas prácticas comerciales y administrativas que están aparejadas a las mismas.

Los programas de cumplimiento normativo se han convertido en una poderosa herramienta de gestión especializada en la prevención de los riesgos de muy diversa índole que deben afrontar los directivos de dichas compañías y de los cuales se pueden derivar reclamaciones, perjuicios, multas, incluso delitos, sin olvidar una considerable merma del prestigio existente.

Aunque el primer aspecto que nos suele venir a la cabeza en materia de compliance es el penal, no podemos obviar que su ámbito es mucho más amplio, tocando prevención de riesgos laborales, protección de datos, y como en el caso que nos ocupa, el aspecto tributario.

En nuestro país, el referente es este sentido en la norma UNE, que es la que se utiliza para medir la diligencia de las organizaciones y sus responsables frente a toda esa catarata normativa que afecta a las empresas y entidades de diverso tipo.

Nos referimos a la norma UNE-ISO 19600 que es la que nos proporciona la orientación precisa para establecer, desarrollar, implementar, evaluar y mantener un eficaz sistema de compliance que permita a la organización afectada dar respuesta adecuada en tiempo y forma. Los sistemas de compliance penal vienen recogidos y desarrollados por la norma UNE 19601 mientras que los referentes al compliance tributario se desarrollan por la norma UNE 19602.

Para poder implantar en nuestra empresa un adecuado sistema de compliance tributario es fundamental contar con un correcto desarrollo de buenas prácticas tributarias que, basándose en la cultura de la prevención y en el cumplimiento normativo, nos permita lograr nuestro objetivo: mayor garantía de seguridad y confianza por parte de todos los agentes que intervienen en nuestra dinámica empresarial.

Fruto de las reuniones que se celebraron en nuestro país en el año 2010 por parte del foro de Grandes Empresas promovido por la Agencia Tributaria, surgió el denominado Código de Buenas Prácticas Tributarias. Este primer texto dejaba las cuestiones tributarias en el terreno del órgano de administración de las empresas a la vez que facilitaba unas mínimas reglas de procedimiento y diligencia por parte de las entidades que libremente decidiesen suscribir el mismo. Se establece claramente una relación cooperativa por vez primera entre la Agencia Tributaria y las empresas, aumentando la seguridad jurídica corporativa basándose en los principios de confianza y buena fe que deben mantenerse con la AEAT.

Tenemos que observar que dentro de la reforma de la ley de Sociedades de Capital de 2014 se mencionada como indelegable por parte de Consejo de Administración de las sociedades cotizadas, la determinación de la política de control y gestión de riesgos, así como la supervisión de los sistemas de información y control, debido a su enorme importancia y los problemas que puede ocasionar su desvío a un tercero.

El Código de Buenas Prácticas Tributarias (CBPT) elaborado por la AEAT es un documento marco donde se incluyen determinadas recomendaciones o principios que deben cumplir las empresas en sus relaciones con la Agencia Tributaria además de aumentar la seguridad jurídica de las mismas y facilitar una comunicación más transparente y fluida.

La adhesión a este CBPT es voluntaria para las empresas con independencia de su tamaño y obliga a la AEAT a establecer procedimientos adecuados y rápidos que resuelvan dudas de determinadas operaciones que pudieran plantear los contribuyentes, basadas en los criterios que pueda aplicar la Administración en dichos casos.

Considero que es un buen principio para aunar esfuerzos comunes por parte de las empresas y la Administración a la hora de reducir el enorme volumen de fraude existente en nuestro país, y que la progresiva implantación de los sistemas de compliance tributario y el CBPT contribuirá notablemente a la detección de conductas nocivas no sólo para las arcas del estado, sino también para la reputación de las empresas.

Queda claro que estos sistemas no están al alcance de cualquier economía empresarial y que su implantación ha comenzado, como suele ser habitual, por las grandes compañías cuyos medios son muy superiores al del resto de las empresas y autónomos, aunque también lo suele ser su problemática tributaria fruto de su operativa y mayor alcance.

Gran parte de la responsabilidad de este reto recaerá en la formación y competencia no sólo de los asesores y profesionales que gestionan los asuntos tributarios de las empresas sino también de la preparación de los integrantes de los consejos de administración que no pueden abstraerse de sus responsabilidades por mera y simple delegación a unos terceros.

Esperamos que esta fina lluvia cale adecuadamente en nuestro tejido empresarial y que el crecimiento de los sistemas de cumplimiento tributario y la adscripción de más empresas al CBPT sean síntomas inequívocos de un radical cambio de tendencia a positivo de las relaciones entre la Agencia Tributaria y los sufridos contribuyentes. De todos nosotros depende.

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