Novedades en materia fiscal

por Luis R. Garach

LEY 11/2021 MEDIDAS PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL – MODIFICACIÓN OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS

BOE 10-07-2021

Endurecimiento de la limitación de los pagos en efectivo (Ley 7/2012)

Artículo decimoctavo y DT primera.3 Ley 11/2021

  • Ámbito de aplicación. Modifica el art.7.Uno.1 de la Ley 7/2012.

1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. (antes 2.500 €)

No obstante, el citado importe será de 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.’’ (antes 15.000 €)

  • Régimen transitorio: la nueva redacción se aplicará a todos los pagos efectuados a partir de la entrada en vigor de la norma (11-07-2021), aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.
  • Base de la sanción: modifica el art.7.Dos.4. para adecuarlo a los nuevos límites de pago de 1.000 y 10.000 €.
  • Cuantía de la sanción: modifica el art.7.Dos.5. para adecuarlo a la posibilidad de reducción de la sanción prevista en el nuevo apartado tres del art.7.tres.5
  • Modifica la regulación del procedimiento sancionador.

Regulación: título IV de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, y las especialidades del nuevo apartado 5. Al art.7 tres de la Ley 7/2012

Establece las siguientes especialidades en el procedimiento sancionador. Nuevo apartado 5 al art.7.Tres de la Ley 7/2012.

  1. El titular del órgano competente para resolver designará al instructor, que procederá al inicio del procedimiento sancionador y a formular la propuesta de resolución.
  2. Cuando al tiempo de iniciarse el procedimiento sancionador se encontrasen en poder del órgano competente los elementos que permitan formular una propuesta de resolución, ésta se incorporará al acuerdo de iniciación.
  3. Se prescindirá del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución previsto en el art. 82 de la Ley 39/2015
  4. Una vez notificada la propuesta de resolución, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la notificación de la resolución implicará la terminación del procedimiento con las siguientes consecuencias:

1.º La reducción del 50 % del importe de la sanción, sin que resulten aplicables las reducciones previstas en el artículo 85 de la Ley 39/2015.

2.º La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas, se tendrán por no presentadas.

3.º La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.

4.º El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La interposición de recurso contencioso-administrativo supondrá la pérdida de la reducción aplicada, que se exigirá sin más trámite que la notificación al interesado.

5.º El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.

e. El plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución expresa será de 6 meses contado desde la fecha del acuerdo de iniciación.

f. El procedimiento podrá iniciarse a pesar de que concurra la circunstancia a que se refiere el artículo 63.3 de la Ley 39/2015 (“No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo”)

Régimen transitorio procedimiento sancionador:

Lo dispuesto en los apartados dos y tres del artículo 7 de la Ley 7/2012 será aplicable a los procedimientos sancionadores que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley (11-07-2021)

No obstante, lo anterior, la nueva reducción de la sanción por pago voluntario (50%) se aplicará a las sanciones exigidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza. A estos efectos, la Administración competente rectificará dichas sanciones.

También se aplicará la citada reducción a la que se refiere el número 5 del apartado Tres del artículo 7 de la Ley 7/2012, si concurren las siguientes circunstancias:

  1. Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado acredite ante la Administración competente el desistimiento del recurso interpuesto contra la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso.
  2. Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del importe restante de la sanción.

Modificaciones Ley General Tributaria (LEY 58/2003)

Artículo decimotercero Ley 11/2021.

Prohibición de amnistías fiscales

Añade un segundo párrafo al art.3.1 LGT “Principios de ordenación y aplicación del sistema tributario” para prohibir el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que pueda suponer una minoración de la deuda tributaria devengada de acuerdo con la normativa vigente.

Régimen de devengo de intereses de demora en el caso de obtención de una devolución improcedente

Modifica el art.26.2 f) LGT para aclarar que el interés de demora se exigirá cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, salvo que voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de la LGT relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo.

Modifica el sistema de recargos por extemporaneidad para favorecer el pago voluntario, estableciendo un sistema de recargos creciente. Modifica el art. 27.2 LGT y DT primera.1 Ley 11/2021  

El recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo será un porcentaje igual al 1 % más otro 1 % adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso, y excluirá las sanciones y los intereses de demora, hasta los 12 meses de retraso.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15 % (antes 20%) y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora.

No se exigirán los recargos si el obligado tributario regulariza, mediante la presentación de una declaración o autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo, unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración, y concurren las siguientes circunstancias:

  1. Que la declaración o autoliquidación se presente en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que la liquidación se notifique o se entienda notificada.
  2. Que se produzca el completo reconocimiento y pago de las cantidades resultantes de la declaración o autoliquidación en los términos previstos en el apartado 5 de este artículo.
  3. Que no se presente solicitud de rectificación de la declaración o autoliquidación, ni se interponga recurso o reclamación contra la liquidación dictada por la Administración.
  4. Que de la regularización efectuada por la Administración no derive la imposición de una sanción.

Régimen transitorio de los recargos:

La nueva redacción del art.27.2 de la LGT, será de aplicación a los recargos exigidos con anterioridad a su entrada en vigor (11-07-2021), siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario y el recargo no haya adquirido firmeza.

La revisión de los recargos no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizarán por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos.

Intereses de demora en las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o devoluciones de ingresos indebidos a realizar por la Administración Tributaria. Modifica el art.31.2 y 32.2 LGT

A efectos del cálculo de los intereses no se computarán las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración.

En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de intereses no se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta ley (los días solicitados por el obligado antes de la apertura del trámite de audiencia de suspensión de actuaciones, máximo 60), ni los periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo (aportación posterior de la documentación o información por parte del obligado tributario).

Obligaciones tributarias formales. Prohibición del “software de doble uso”.

Establece la obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad. art.29.2 f) LGT

Se establece un régimen sancionador específico para la infracción tributaria de fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable (adecuada certificación). Nuevo art.201 bis LGT

1. Constituye infracción tributaria la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión por parte de las personas o entidades que desarrollen actividades económicas, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

  1. Permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1.d) de esta Ley;
  2. Permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas;
  3. Permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas;
  4. Permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable;
  5. No cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración Tributaria, en los términos del artículo 29.2.j) de esta Ley;
  6. No se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o comercializados.

2. Constituye infracción tributaria la tenencia de los sistemas o programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.

La misma persona o entidad que haya sido sancionada conforme al apartado anterior no podrá ser sancionada por lo dispuesto en este apartado.

3. Las infracciones previstas en este artículo serán graves.

4. La infracción señalada en el apartado 1 anterior se sancionará con multa pecuniaria fija de 150.000 euros, por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la infracción. No obstante, las infracciones de la letra f) del apartado 1 de este artículo se sancionarán con multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta del certificado.

La infracción señalada en el apartado 2 anterior, se sancionará con multa pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio, cuando se trate de la infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.

Se adapta el régimen de representación de los no residentes para adecuarlo al Derecho de la UE. art.47 LGT

A los efectos de sus relaciones con la Administración tributaria, los obligados tributarios que no residan en España deberán designar un representante (suprime: “cuando operen a través de un ep) cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria

Garantías de la deuda tributaria. Medidas cautelares en los procedimientos de suspensión

Para evitar que los procedimientos de suspensión con otras garantías, o con dispensa de ellas, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, sean utilizados de forma fraudulenta, se incorpora la posibilidad de adoptar medidas cautelares durante la tramitación de los mismos para asegurar el cobro de la deuda. Nuevo apartado 6 al art.81. Renumeración de los actuales apartados 6 a 8

Se podrán adoptar medidas cautelares cuando se observe que existen indicios racionales de que el cobro de las deudas cuya ejecutividad pretende suspenderse pueda verse frustrado o gravemente dificultado.

Publicación del listado de deudores a la Hacienda Pública. Art.95 bis.1, 4 y 6 LGT

Se incluye, expresamente, en la lista de deudores a la Hacienda Pública, junto a los deudores principales, a los que tengan la condición de deudores al haber sido declarados responsables solidarios.

Disminuye de un millón a 600.000 euros, el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendiente de ingreso, incluidas en su caso las que se hubieran exigido tras la declaración de responsabilidad solidaria, cuya superación conlleva la inclusión en dicho listado.

En el supuesto de deudas incluidas en acuerdos de declaración de responsabilidad será necesario que haya transcurrido el plazo de pago del artículo 62.2 de esta Ley tras la notificación del acuerdo de declaración de responsabilidad y, en su caso, del acuerdo de exigencia de pago.

En el caso de que los deudores paguen la totalidad de la cantidad adeudada a la fecha de referencia (31 diciembre año anterior) antes de la finalización del plazo para formular alegaciones, no se incluirán en los listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias. Las alegaciones podrán referirse a estos pagos efectuados por el deudor, debiéndose aportar en este caso justificación fehaciente de dichos pagos.

Disposición transitoria segunda Ley 11/2021. Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias en el año 2021. En relación con la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias regulada en el artículo 95.bis de la Ley 58/2003 General Tributaria, a efectos del listado que se publicará en el año 2021 se tomará, como la fecha de referencia establecida en su apartado 4, no la de 31 de diciembre de 2020, sino el último día del mes inmediato posterior a aquel en el que se produzca la entrada en vigor de esta Ley conforme a lo señalado en su DF cuarta, resultando de aplicación a efectos de dicha publicidad las modificaciones contenidas en el apartado Nueve de su artículo decimotercero.

La publicación del listado resultante se producirá en el plazo de seis meses desde dicha fecha de referencia.

Autorización judicial para la entrada en el domicilio de los obligados tributarios.  Art.113 LGT

La solicitud de autorización judicial para la ejecución del acuerdo de entrada en el mencionado domicilio deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada.

Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial podrán practicarse, aun con carácter previo al inicio formal del correspondiente procedimiento, siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del obligado tributario, los conceptos y períodos que van a ser objeto de comprobación y se aporten al órgano judicial.

Causas de terminación del procedimiento iniciado mediante declaración:

Nueva causa: por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento iniciado mediante declaración o algún elemento de dicho objeto, en los tributos que se liquiden por las importaciones de bienes en la forma prevista por la legislación aduanera para los derechos de importación. Art.130 c) LGT

Facultades de la inspección de los tributos. Entrada en establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones, entrada en el domicilio. Art.142.2 LGT

Para el acceso a los lugares mencionados en el párrafo anterior de los funcionarios de la inspección de los tributos, se precisará de un acuerdo de entrada de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine, salvo que el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encontraren otorguen su consentimiento para ello.

Cuando para el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 113 de esta Ley. La solicitud de autorización judicial requerirá incorporar el acuerdo de entrada a que se refiere el mencionado artículo, suscrito por la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine.»

Nuevo supuesto de suspensión del cómputo del plazo del procedimiento inspector.  Art.150.3 f) LGT. La letra f) actual pasa a ser la g).

Desde el momento de la comunicación a las Administraciones forales afectadas de los elementos de hecho y los fundamentos de derecho de la regularización en los supuestos a los que se refiere el artículo 47 ter del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ley 12/2002), y aquellos supuestos de carácter análogo establecidos en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (Ley 28/1990).

En el caso contemplado en la letra f), la suspensión finalizará cuando transcurra el plazo previsto en el párrafo segundo del apartado tres del artículo 47 ter del Concierto Económico sin que se hubiesen formulado observaciones por las Administraciones afectadas, cuando se hubiese llegado a un acuerdo sobre las observaciones planteadas en el seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa o cuando se puedan continuar las actuaciones de acuerdo con lo previsto en el apartado cuatro del citado artículo. Las referencias al artículo 47 ter del Concierto Económico deberán entenderse también realizadas al artículo equivalente del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra

En la tramitación de las actas de disconformidad se elimina el carácter obligatorio del informe de disconformidad. Art.157.2) LGT

2. Cuando el obligado tributario o su representante no suscriba el acta o manifieste su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la inspección de los tributos, se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta. Se podrá acompañar un informe del actuario cuando sea preciso completar la información recogida en el acta.»

Recaudación en período ejecutivo. Inicio período. Art.161.2 LGT

La presentación de solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario, así como las solicitudes de suspensión y pago en especie no impedirán el inicio del periodo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo.

La declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal de acuerdo con el TRLConcursal (RD Leg 1/2020), sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto en dicho texto refundido.

Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria.

Se especifica que el período voluntario de pago de las deudas es el originario de pago (período voluntario de pago “original”), para que las vicisitudes acaecidas frente al deudor principal, como suspensiones o aplazamientos, no se proyecten sobre el procedimiento seguido con el responsable. Art.175.1 a) y b) LGT

Se incluye como sujetos infractores a la entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades del IVA. Art.181.1 h) LGT

Modificación régimen de reducción sanciones tributarias

Eleva la reducción de la cuantía de las sanciones pecuniarias en los supuestos de actas con acuerdo del 50 al 65 %. Art.188.1 a) LGT

Se mantiene la reducción del 30% en los supuestos de conformidad. Art.188.1 b) LGT

Eleva la reducción del importe de la sanción que deba ingresarse en caso de pronto pago del 25 al 40 %. Art.188.3LGT

’3. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a la que se refiere la letra b) del apartado 1 de este artículo, se reducirá en el 40 por ciento si concurren las siguientes circunstancias:

(el resto del apartado 3 sin modificaciones)

Régimen transitorio de la reducción de las sanciones: DT Primera.3 ley 11/2021

La nueva redacción de los apartados 1 y 3 del artículo 188 de la LGT, se aplicará a las sanciones acordadas con anterioridad a su entrada en vigor (11-07-2021), siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza. A estos efectos, la Administración tributaria competente rectificará dichas sanciones.

Sanciones en relación con las formalidades aduaneras  

El importe mínimo de la sanción por no presentar en plazo las declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras o presentarlos de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera se elevará a 600 euros cuando se refiera a la declaración sumaria de entrada a la que alude el artículo 127 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión. Art.198.4 y 199.7 LGT

Plazo máximo de inicio del procedimiento sancionador en materia tributaria.

Se amplía de 3 a 6 meses el plazo máximo para el inicio del procedimiento sancionador en determinados supuestos: Art.209.2 LGT

Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución.

Los procedimientos sancionadores que se incoen para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 186 de esta Ley (sanciones no pecuniarias por infracción grave o muy grave) deberán iniciarse en el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la sanción pecuniaria a que se refiere dicho precepto.

Reclamaciones económico-administrativas. Suspensión de la ejecución del acto impugnado. Cobertura legal a la posibilidad de la Administración de inadmitar la solicitud o de continuar con su actuación en determinados supuestos.  Art.233.6 y 9 LGT. Renumeración de los apartados 6 a 13 actuales.

6. El tribunal económico-administrativo decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud de suspensión en los supuestos a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo (dispensa total o parcial de garantías/sin necesidad de garantía), y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación aportada en la solicitud de suspensión o existente en el expediente administrativo, la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho.»

9. Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la presentación de la solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, no impedirá la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la suspensión fuese concedida finalmente.

Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario 

Nuevo apartado 4 al art.260 LGT.

4. No podrán disfrutar de beneficios fiscales que constituyan ayudas estatales según el ordenamiento comunitario quienes hubieran percibido ayudas de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior, con una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, hasta que tales ayudas no se hayan reembolsado.»

Revocación del Número de Identificación Fiscal

Modifica la DA Sexta.4 LGT.

Con el fin de mejorar la gestión de los censos tributarios, se modifica el régimen de revocación NIF para que las entidades inactivas cuyo número haya sido revocado no puedan realizar inscripciones en ningún registro público, ni otorgar escrituras ante Notario o Notaria, a excepción de los trámites imprescindibles para la cancelación de la correspondiente nota marginal.

Cuando la revocación se refiera al número de identificación fiscal de una entidad, su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” implicará la abstención del notario para autorizar cualquier instrumento público relativo a declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, contratos y negocios jurídicos de cualquier clase, así como la prohibición de acceso a cualquier registro público, incluidos los de carácter administrativo, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal. El registro público en el que esté inscrita la entidad a la que afecte la revocación, en función del tipo de entidad de que se trate, procederá a extender en la hoja abierta a dicha entidad una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse inscripción alguna que afecte a aquella, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal.

Excepcionalmente, se admitirá la realización de los trámites imprescindibles para la cancelación de la nota marginal a la que se refiere el párrafo anterior.

De igual modo, en todas las certificaciones registrales de la entidad titular del número revocado debe constar que el mismo está revocado.”

Modifica Ley Notariado 28 mayo de 1862 LGT. Art. Decimonoveno Ley 11/2021

Último párrafo al art.23: Tratándose de escrituras públicas por las que se cree o constituya una entidad con o sin personalidad jurídica el Notario incluirá obligatoriamente en aquellas el número de identificación fiscal. Con carácter previo a la autorización o intervención de cualquier escritura pública, acta o póliza, el notario consultará la lista de números de identificación fiscal revocados. El Notario deberá abstenerse de autorizar o intervenir cualquier instrumento público que se pretenda otorgar por una entidad jurídica con número de identificación fiscal revocado de conformidad con lo previsto en la normativa tributaria.

Nuevo Último párrafo al art.24

El Consejo General del Notariado establecerá un sistema automatizado para que el Notario a través de aquel suministre a la Administración Tributaria la identificación de aquellas entidades jurídicas con número de identificación fiscal revocado y no rehabilitado que hubieran pretendido otorgar un documento público.

Declaración de bienes y derechos situados en el extranjero. Modelo 720. Monedas virtuales situadas en el extranjero.

Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales. Nueva letra d) a la DA Decimoctava .1 LGT

La nueva letra d) de la DA Decimoctava .2 LGT establece el régimen sancionador y el importe de la multa por incumplimiento de esta obligación, con las mismas cuantías que el resto de incumplimientos de esta declaración.

d) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

A las declaraciones aduaneras no será de aplicación los previsto en el artículo 27 de la LGT sobre recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.  DA vigésima.1 d) LGT 

Obligaciones de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. Ampliación plazo conservación por las instituciones financieras. DA vigésima segunda.6 LGT  

Las pruebas documentales, las declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras y demás información utilizada en cumplimiento de las obligaciones de información y de diligencia debida a que se refiere esta disposición adicional deberán estar a disposición de la Administración Tributaria hasta la finalización del QUINTO año siguiente a aquel en el que se produzca el cierre de la cuenta financiera.

Nuevo régimen de transparencia fiscal internacional (TFI). Transposición Directiva (UE) 2016/1164 (ATAD).  Impuesto sobre Sociedades LIS (LEY 27/2014)

El artículo primero y tercero de la Ley 11/2021 incorpora algunas novedades a la regulación de la transparencia fiscal internacional (TFI) en el Impuesto sobre Sociedades (LIS) y en el IRPF (LIRPF), respectivamente, para adaptarlas a la Directiva (UE) 2016/1164 (ATAD) y reforzar la tributación en España de rentas que se venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y así evitar su deslocalización,

En síntesis, la transparencia fiscal internacional supone la imputación a una empresa residente en territorio español de determinadas rentas obtenidas por una entidad participada mayoritariamente que resida en el extranjero cuando la imposición sobre esas rentas en el extranjero es notoriamente inferior a la que se hubiera producido en territorio español, imputación que se produce, aunque las rentas no hayan sido efectivamente distribuidas.

Novedades destacadas:

La imputación de rentas que se produce dentro del régimen de transparencia fiscal afecta no solamente a las obtenidas por entidades participadas por el contribuyente sino también a las obtenidas por sus establecimientos permanentes en el extranjero.

Incluye diversos tipos de renta susceptibles de ser objeto de imputación en este régimen de TFI que no estaban recogidos en la legislación española, como las rentas derivadas de operaciones de arrendamiento financiero o de actividades de seguros, bancarias y otras actividades financieras.

La normativa española ofrece un nivel de protección más elevado que la Directiva:

Es el caso, por ejemplo, de la diferencia entre la tributación en territorio extranjero y la que hubiera resultado en el supuesto de que hubiera tributado en España que se regula en la ley como requisito desencadenante de la obligatoriedad de la imputación.

Es el caso de la inclusión de determinados tipos de rentas que no están expresamente referenciadas en la Directiva como susceptibles de ser imputadas y que, sin embargo, sí lo están en la norma española: las rentas derivadas de la titularidad de bienes inmuebles, las rentas derivadas de actividades crediticias, financieras, aseguradoras o de prestación de servicios realizadas con personas o entidades vinculadas cuando determinan gastos fiscalmente deducibles en entidades residentes en territorio español.

Artículo del LIS modificado:

Art.100 LIS. Transparencia fiscal internacional. Imputación de rentas positivas obtenidas por entidades no residentes y establecimientos permanentes.

1. Los contribuyentes imputarán en su base imponible las rentas positivas a que se refieren los apartados 2 o 3 de este artículo cuando se cumplan las circunstancias siguientes:

a) …

b) ..

Esta imputación también procederá cuando dichas rentas sean obtenidas a través de un establecimiento permanente si se da la circunstancia prevista en la letra b) de este apartado sin que, en este caso, resulte de aplicación la exención prevista en el artículo 22 de esta Ley.

2. Los contribuyentes imputarán la renta total obtenida por la entidad no residente en territorio español o el establecimiento permanente, cuando estos …

3. En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado anterior, se imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada una de las siguientes fuentes:

Nuevo g) Actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero y otras actividades financieras salvo que se trate de rentas obtenidas en el ejercicio de actividades económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).

Nuevo h) Operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta ley, en las que la entidad no residente o establecimiento añade un valor económico escaso o nulo.

i) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta Ley, en cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas personas o entidades residentes. (antes g)).

No se incluirá la renta positiva prevista en esta letra cuando al menos dos tercios de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, aseguradoras o de prestación de servicios realizadas por la entidad no residente procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta Ley.

7. La imputación se realizará en el período impositivo que comprenda el día en que la entidad no residente en territorio español haya concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a 12 meses.

Tratándose de establecimientos permanentes, la imputación se realizará en el período impositivo en el que se obtengan las rentas.

(antes 10) 9. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que haya sido incluida en la base imponible. A estos efectos, el importe de los dividendos o participaciones en beneficios se reducirá en un 5 por ciento en concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones, salvo que concurran las circunstancias establecidas en el apartado 11 del artículo 21 de esta Ley. El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta.

En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.

Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se manifieste.

(antes 12) 11. Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con rentas que hubiesen sido imputadas a los socios como rentas de sus acciones o participaciones en el período de tiempo comprendido entre su adquisición y transmisión. A estos efectos, el importe de los beneficios sociales a que se refiere este párrafo se reducirá en un 5 por ciento en concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones.

En el caso de entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial … si éste fuere inferior. (sin cambios)

(antes 13) 12. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente artículo deberán presentar conjuntamente con la declaración por este Impuesto los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español:

En el caso de establecimientos permanentes, el contribuyente deberá aportar conjuntamente con la declaración por este Impuesto los datos a los que se refieren las letras d) y e) anteriores, así como registros contables de las operaciones que realicen y de los activos y pasivos afectos a los mismos.”

Regulación de la imposición de salida. Transposición Directiva (UE) 2016/1164

El artículo primero y segundo de la Ley 11/2021 incorporan a la legislación española (LEY 27/2014 – LIS - y RD Leg 5/2004 - TRLIRNR) la regulación de la imposición de salida o “Exit Tax” que persigue asegurar que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de tributar por bases imponibles que legalmente deben quedar gravadas en España.

El llamado impuesto de salida o “exit tax” tiene como función garantizar que, cuando un contribuyente traslade sus activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal del Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento de la salida. De este modo, se consigue que tributen en España las plusvalías generadas cuando una sociedad traslada su residencia fiscal al extranjero

La Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) regula ya el tratamiento fiscal en caso de cambio de residencia, pero también aquí procede realizar modificaciones de cierta importancia para transponer la Directiva.

Para el supuesto de que el cambio de residencia se hubiera producido hacia otro Estado miembro de la UE, se establecía el aplazamiento del pago del impuesto de salida, a solicitud del contribuyente, hasta la fecha de la transmisión a terceros de los elementos patrimoniales afectados. Sin embargo, la Directiva lo que prevé es un derecho del contribuyente a fraccionar el pago del impuesto de salida a lo largo de cinco años, cuando el cambio de residencia se efectúe a otro Estado miembro o un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, estableciendo, asimismo, determinadas normas complementarias para el caso de que se solicite ese fraccionamiento.

La normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR) regula actualmente el supuesto del traslado de activos al extranjero desde un establecimiento permanente situado en territorio español. Como consecuencia de la transposición de la Directiva resulta necesario introducir en dicha norma:

- además de lo señalado anteriormente en relación con el fraccionamiento

- un nuevo supuesto previsto de generación de un impuesto de salida para el caso de que se produzca un traslado, no de un elemento aislado, sino de “la actividad” realizada por el establecimiento permanente.

En la LIS y el TRLIRNR es preciso introducir la previsión de la Directiva de que cuando el traslado de activos haya sido objeto de una imposición de salida en un Estado miembro de la UE el valor determinado por ese Estado miembro será aceptado como valor fiscal en España, salvo que no refleje el valor de mercado.

Modificaciones en LIS relacionadas con la imposición de salida:

Art.19.1 LIS. Base imponible. Reglas de valoración. Traslado de residencia fuera del territorio español.

Regula la opción del contribuyente por fraccionar el pago de la deuda tributaria resultante por quintas partes anuales iguales, y los supuestos en que el fraccionamiento perderá su vigencia.

El ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración del impuesto.

Únicamente será exigible la constitución de garantías cuando se justifique la existencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda se podría ver frustrado o gravemente dificultado.

“En el caso de cambio de residencia, transferencia a España de elementos patrimoniales o actividades que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/1164, haya sido objeto de una imposición de salida en un Estado miembro de la Unión Europea, el valor determinado por el Estado miembro de salida tendrá la consideración de valor fiscal en España, salvo que no refleje el valor de mercado.

No será de aplicación lo dispuesto en el presente apartado y, por tanto, no se integrará en la base imponible, la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales transferidos, que estén relacionados con la financiación o entrega de garantías o para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de liquidez, siempre que se prevea que deben volver a territorio español para afectarse en el plazo máximo de un año a un establecimiento permanente situado en España.”

Modificaciones en TRLIRNR relacionadas con la imposición de salida:

Art.18.5 a 8 TRLIRNR. Determinación de la base imponible.

«5. Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los siguientes elementos patrimoniales:

NUEVO c) Los que estén afectos a un establecimiento permanente situado en el territorio español que traslada su actividad al extranjero.”

El apartado 6 regula la opción del contribuyente por fraccionar el pago de la deuda tributaria resultante por quintas partes anuales iguales, y los supuestos en que el fraccionamiento perderá su vigencia.

El ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración del impuesto.

Únicamente será exigible la constitución de garantías cuando se justifique la existencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda se podría ver frustrado o gravemente dificultado.

Nuevo 7. En el caso de transferencia a España de elementos patrimoniales o del traslado de actividades que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/1164, haya sido objeto de una imposición de salida en un Estado miembro de la Unión Europea, el valor determinado por el Estado miembro de salida tendrá la consideración de valor fiscal en España, salvo que no refleje el valor de mercado.

Nuevo 8. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del presente artículo, y por tanto, no se integrará en la base imponible, la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales transferidos, que estén relacionados con la financiación o entrega de garantías o para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de liquidez, siempre que se prevea que deben volver a territorio español para afectarse en el plazo máximo de un año.

Nota: recientemente, el art. 2 del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo añadió un apartado 6 y 7 al art.18, sobre gastos fiscalmente no deducibles y en relación con asimetrías híbridas pero con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020 y que no hayan concluido a su entrada en vigor (11 marzo 2021), según establece la disposición final 4 del citado Real Decreto-ley.

Art.20.2 TRLIRNR. Conclusión del período impositivo. Incluye los supuestos en que se traslade su actividad al extranjero.

Otras modificaciones LEY 27/2014. Impuesto sobre Sociedades.

Requisitos adicionales para que las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) puedan aplicar el tipo de gravamen del 1 %

El artículo primero. Dos de la Ley 11/2021 modifica el art.29.4 a) de la LIS y añade una nueva disposición transitoria, con efectos para los p.i. que se inicien a partir del 1 de enero de 2022

Con el propósito de reforzar el carácter colectivo de las SICAV, se establecen requisitos objetivos que deben cumplir los socios y socias para que sean computables a efectos de la aplicación del tipo de gravamen del 1 %, de forma que se garantice que dichos socios y socias tengan un interés económico en la sociedad. Este interés económico se cuantifica en función de un importe determinado de la inversión.

Esta modificación va acompañada de un régimen transitorio para las SICAV que acuerden su disolución y liquidación, que tiene por finalidad permitir que sus socios y socias puedan trasladar su inversión a otras instituciones de inversión colectiva que cumplan los requisitos para mantener el tipo de gravamen del 1 % en el Impuesto sobre Sociedades.

Art.29.4 a) LIS:

a) Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre que el número de accionistas requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 9.4.

(AÑADE) A los efectos de la aplicación del tipo de gravamen establecido en este apartado, para determinar el número mínimo de accionistas a que se refiere el párrafo anterior se seguirán las siguientes reglas:

1.° Se computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 2.500 euros determinado de acuerdo con el valor liquidativo correspondiente a la fecha de adquisición de las acciones.

Además, tratándose de sociedades de inversión de capital variable por compartimentos, a efectos de determinar el número mínimo de accionistas de cada compartimento se computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 12.500 euros, determinado conforme a lo previsto en el párrafo anterior.

2.° El número mínimo de accionistas determinado conforme a lo previsto en el número 1.° anterior deberá concurrir durante el número de días que represente al menos las tres cuartas partes del período impositivo.

Lo previsto en los cuatro párrafos anteriores no se aplicará a las sociedades de inversión libre ni a las sociedades cuyos accionistas sean exclusivamente otras instituciones de inversión colectiva, a que se refiere el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003 de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el RD 1082/2012, ni a las sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas a que se refiere el artículo 79 de dicho Reglamento.

El cumplimiento de las reglas establecidas en los párrafos anteriores para determinar el número mínimo de accionistas podrá ser comprobado por la Administración Tributaria, a cuyo efecto la sociedad de inversión deberá mantener y conservar durante el período de prescripción los datos correspondientes a la inversión de los socios en la sociedad.

NUEVA «Disposición transitoria cuadragésima primera. Disolución y liquidación de determinadas sociedades de inversión de capital variable.

1. Podrán acordar su disolución y liquidación, con aplicación del régimen fiscal previsto en esta disposición transitoria, las sociedades de inversión de capital variable a las que haya resultado aplicable lo previsto en la letra a) del apartado 4 del artículo 29 de esta Ley en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2021, que durante el año 2022 adopten válidamente el acuerdo de disolución con liquidación, y realicen con posterioridad al acuerdo, dentro de los seis meses posteriores a dicho plazo, todos los actos o negocios jurídicos necesarios según la normativa mercantil hasta la cancelación registral de la sociedad en liquidación.

2. La disolución con liquidación de las sociedades de inversión de capital variable que se realice conforme a lo establecido en el apartado 1 anterior tendrá el siguiente régimen fiscal:

a) Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, concepto “operaciones societarias”, hecho imponible, “disolución de sociedades”, del artículo 19.1.1.° del texto refundido de la Ley del Impuesto, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

b) Durante los períodos impositivos que concluyan hasta la cancelación registral continuará siendo de aplicación a la sociedad en liquidación lo previsto en la letra a) del apartado 4 del artículo 29 de esta Ley en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2021.

c) A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, los socios de la sociedad en liquidación no integrarán en la base imponible las rentas derivadas de la liquidación de la entidad, siempre que el total de dinero o bienes que les corresponda como cuota de liquidación se reinvierta, en la forma y con las condiciones previstas en los párrafos siguientes, en la adquisición o suscripción de acciones o participaciones en alguna de las instituciones de inversión colectiva previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de esta Ley, en cuyo caso las nuevas acciones o participaciones adquiridas o suscritas conservarán el valor y la fecha de adquisición de las acciones de la sociedad objeto de liquidación.

El socio deberá comunicar a la sociedad en liquidación su decisión de acogerse a lo previsto en el párrafo anterior de esta letra c), en cuyo caso la entidad en liquidación se abstendrá de efectuar cualquier pago de dinero o entrega de bienes al socio que le corresponda como cuota de liquidación. Asimismo, el socio deberá aportar a la sociedad la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de las acciones, en el caso de que la sociedad no dispusiera de dicha información.

La reinversión deberá tener por objeto la totalidad del dinero o bienes que integren la cuota de liquidación del socio, sin que sea posible reinversión parcial, pudiendo realizarse en una o varias instituciones de inversión colectiva.

El socio comunicará a la institución de inversión colectiva en la que vaya a efectuar la reinversión sus propios datos identificativos, los correspondientes a la sociedad en liquidación y a su entidad gestora y entidad depositaria, así como la cantidad de dinero o los bienes integrantes de la cuota de liquidación a reinvertir en la institución de destino. A estos efectos, el socio cumplimentará la correspondiente orden de suscripción o adquisición, autorizando a dicha institución a tramitar dicha orden ante la sociedad en liquidación.

Recibida la orden por la sociedad en liquidación, la reinversión deberá efectuarse mediante la transferencia ordenada por esta última a su depositario, por cuenta y orden del socio, del dinero o de los bienes objeto de la reinversión, desde las cuentas de la sociedad en liquidación a las cuentas de la institución de inversión colectiva en la que se efectúe la reinversión. Dicha transferencia se acompañará de la información relativa a los valores y fechas de adquisición de las acciones de la sociedad en liquidación a las que corresponda la reinversión.

Para que resulte de aplicación el tratamiento previsto en el primer párrafo de esta letra c), la reinversión habrá de efectuarse antes de haber transcurrido siete meses contados desde la finalización del plazo establecido en el apartado 1 anterior para la adopción del acuerdo de disolución con liquidación.

d) Las adquisiciones de valores a los que se refiere la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que tuvieran lugar como consecuencia de lo previsto en los apartados 1 y 2 de esta disposición transitoria, siempre que se realice la reinversión conforme a lo establecido en la letra c) de este apartado, estarán exentas del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

El derecho a la aplicación de lo previsto en el párrafo anterior se acreditará mediante la orden de suscripción o adquisición a que se refiere el párrafo cuarto de la letra c) de este apartado y, de forma provisional hasta la aportación de dicha orden, mediante los acuerdos de disolución de la sociedad y de división entre los socios del activo resultante, así como mediante la comunicación del socio a que se refiere el segundo párrafo de la citada letra c).

3. No existirá obligación de practicar pagos a cuenta del correspondiente impuesto personal del socio sobre las rentas derivadas de las liquidaciones de las sociedades de inversión de capital variable a que se refiere esta disposición transitoria, cuando los socios se acojan a la aplicación del régimen de reinversión regulado en la letra c) del apartado 2 anterior.

4. Lo previsto en esta disposición transitoria no será de aplicación en los supuestos de disolución con liquidación de las sociedades de inversión libre a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, ni de las sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas a que se refiere el artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio.»

Requisitos para aplicar la deducción en las producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos y obras audiovisuales:

El artículo primero. Tres de la Ley 11/2021 modifica el art.36.2) de la LIS y añade una nueva disposición transitoria, con efectos para los p.i. que se inicien a partir del 1 de enero de 2021

Incorpora en la LIS, los requisitos para aplicar la deducción en las producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos.

Para la aplicación de la deducción, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a’) que la producción obtenga el correspondiente certificado que acredite el carácter cultural en relación con su contenido o su vinculación con la realidad cultural española o europea, emitido por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con competencia en la materia. Este requisito no será exigible para la aplicación de la deducción recogida en la letra b) de este apartado (servicios efectos visuales).

b’) Que se incorpore en los títulos de crédito finales de la producción una referencia específica a haberse acogido al incentivo fiscal; la colaboración, en su caso, del Gobierno de España, las Comunidades Autónomas, las Film Commissions o las Film Offices que hayan intervenido de forma directa en la realización del rodaje u otros procesos de producción desarrollados en España, así como, en su caso, los lugares específicos de rodaje en España y, para el caso de obras audiovisuales de animación, el lugar donde radique el estudio al que se le ha encargado el servicio de producción.

c’) Que los titulares de los derechos autoricen el uso del título de la obra y de material gráfico y audiovisual de prensa que incluya de forma expresa lugares específicos del rodaje o de cualquier otro proceso de producción realizado en España, para la realización de actividades y elaboración de materiales de promoción en España y en el extranjero con fines culturales o turísticos, que puedan llevar a cabo las entidades estatales, autonómicas o locales con competencias en materia de cultura, turismo y economía, así como por las Film Commissions o Film Offices que hayan intervenido en la realización del rodaje o producción.

Reglamentariamente se podrán establecer otros requisitos y obligaciones para tener derecho a la práctica de esta deducción.

NUEVA «Disposición transitoria cuadragésima segunda. Requisitos para aplicar la deducción en las producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos y obras audiovisuales.

Los requisitos establecidos en las letras b’) y c’) del apartado 2 del artículo 36 de esta Ley no serán exigibles en el caso de producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos y obras audiovisuales respecto de las que el contrato por el que se encarga la ejecución de la producción hubiera sido firmado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 11/2021 (11-07-2021).

Regulación de la baja en el Índice de Entidades. Mejora técnica.

El artículo primero. cinco de la Ley 11/2021 modifica el art.119.1) de la LIS, con efectos para los p.i. que se inicien a partir del 1 de enero de 2021

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria dictará, previa audiencia de los interesados, acuerdo de baja provisional en el Índice de Entidades en los siguientes casos:

a) Cuando se proceda a la declaración de fallido por insolvencia total de la entidad respecto de débitos tributarios para con la Hacienda Pública del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

SOCIMI. Modificación Ley 11/2009

La DF segunda de la Ley 11/2021, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, modifica la Ley 11/2009 que regula las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, estableciendo un gravamen especial del 15% sobre la parte de los beneficios no distribuidos que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general del Impuesto sobre Sociedades ni estén en plazo legal de reinversión y se adecúan las obligaciones de suministro de información a la nueva tributación.

Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 9 “Régimen fiscal especial de las SOCIMI”, pasando el actual apartado 4 a numerarse como apartado 5.

4. La entidad estará sometida a un gravamen especial del 15 por ciento sobre el importe de los beneficios obtenidos en el ejercicio que no sea objeto de distribución, en la parte que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades ni se trate de rentas acogidas al período de reinversión regulado en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de esta Ley. Dicho gravamen tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades.

El gravamen especial se devengará el día del acuerdo de aplicación del resultado del ejercicio por la junta general de accionistas, u órgano equivalente, y deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso en el plazo de dos meses desde la fecha de devengo. El modelo de declaración de este gravamen especial se aprobará por orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda, que establecerá la forma y el lugar para su presentación.»

Art.11.1. obligaciones de información en la memoria de las cuentas anuales. Se añaden las referencias al nuevo tipo del 15%.

Otras modificaciones IRNo Residentes (RD Leg 5/2004)

Responsabilidad solidaria del ingreso de las deudas tributarias. Representantes.

El artículo segundo.uno y dos de la Ley 11/2021 modifica el art.9.4 y 10 del TRLIRNR, con efectos para los p.i. que se inicien a partir del 1 de enero de 2021

Art.9«4. Responderán solidariamente del ingreso de las deudas tributarias correspondientes a los contribuyentes a que se refiere el apartado 1 del artículo 10 de esta Ley, que operen por mediación de un establecimiento permanente o en los supuestos del artículo 38, quienes hayan sido designados como sus representantes.»

Art.10. Representantes.

1. Los contribuyentes por este Impuesto que no sean residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea estarán obligados a nombrar, antes del fin del plazo de declaración de la renta obtenida en España, una persona física o jurídica con residencia en España, para que les represente ante la Administración Tributaria en relación con sus obligaciones por este Impuesto, cuando operen por mediación de un establecimiento permanente, en los supuestos a que se refieren los artículos 24.2 y 38 de esta Ley, o cuando, debido a la cuantía y características de la renta obtenida o a la posesión de un bien inmueble en territorio españ.ol, así lo requiera la Administración Tributaria.

En el caso de Estados que formen parte del Espacio Económico Europeo que no sean Estado miembro de la Unión Europea, lo anterior no será de aplicación cuando exista normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria y de recaudación en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

(el resto del apartado 1 sin cambios)

AÑADE 2. Cuando se trate de personas residentes o entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en otro Estado miembro de la Unión Europea, actuarán ante la Administración Tributaria por medio de las personas que ostenten su representación de acuerdo con las normas de representación legal y voluntaria establecidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En el caso de Estados que formen parte del Espacio Económico Europeo que no sean Estado miembro de la Unión Europea, lo anterior será de aplicación cuando exista normativa sobre asistencia mutua en materias de intercambio de información tributaria y recaudación en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

(El apartado 2 anterior pasa a ser el 3 y el 3 pasa a ser el 4.)

Modificación de la LEY 35/2006 del IRPF

Rendimientos del capital inmobiliario. Reducción en arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda. Art.23.2 LIRPF

Clarifica la redacción de la reducción por el arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, de forma que la misma solo se pueda aplicar sobre el rendimiento neto positivo calculado por el o la contribuyente en su declaración-liquidación o autoliquidación, sin que proceda su aplicación sobre el rendimiento neto positivo calculado durante la tramitación de un procedimiento de comprobación.

«2. En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá en un 60 por ciento. Esta reducción sólo resultará aplicable sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculados por el contribuyente en una autoliquidación presentada antes de que se haya iniciado un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección que incluya en su objeto la comprobación de tales rendimientos.

En ningún caso resultará de aplicación la reducción respecto de la parte de los rendimientos netos positivos derivada de ingresos no incluidos o de gastos indebidamente deducidos en la autoliquidación del contribuyente y que se regularicen en alguno de los procedimientos citados en el párrafo anterior, incluso cuando esas circunstancias hayan sido declaradas o aceptadas por el contribuyente durante la tramitación del procedimiento.»

Ganancias y pérdidas patrimoniales. Transmisiones a título lucrativo. Art.36 LIRPF

No obstante, en las adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, el beneficiario de los mismos que transmitiera antes del transcurso de cinco años desde la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento del causante, si fuera anterior, los bienes adquiridos, se subrogará en la posición de este, respecto al valor y fecha de adquisición de aquellos, cuando este valor fuera inferior al previsto en el párrafo anterior.” Nuevo párrafo segundo.

Con esta modificación, se impide una actualización de los valores y fechas de adquisición del elemento adquirido que provocaría una menor tributación que si el bien hubiera sido transmitido directamente a un tercero por el titular original.

Esta modificación se introduce con un régimen transitorio (DT Primera.4 Ley 11/2021)

4. Transmisión de bienes previamente adquiridos por determinados pactos sucesorios.

La nueva redacción del párrafo segundo del artículo 36 de la Ley 35/2006, solamente será de aplicación a las transmisiones de bienes efectuadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley (11-07-2021) que hubieran sido adquiridos de forma lucrativa por causa de muerte en virtud de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente.”

Imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional.

Con efectos desde el 11-07-2021, se incorporan las novedades introducidas en este régimen por la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de12 de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior,

conocida como ATAD. Por tanto, esta modificación se realiza en forma análoga a la modificación que se realiza en el Impuesto sobre Sociedades.

Incluye diversos tipos de renta susceptibles de ser objeto de imputación en este régimen de TFI:

Art.91.3.  En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado anterior, se imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada una de las siguientes fuentes:

NUEVO g) Actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero y otras actividades financieras salvo que se trate de rentas obtenidas en el ejercicio de actividades económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).

NUEVO h) Operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en las que la entidad no residente o establecimiento añade un valor económico escaso o nulo.

i) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas personas o entidades residentes. (antes g)

No se incluirá la renta positiva prevista en esta letra cuando al menos dos tercios de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, aseguradoras o de prestación de servicios realizadas por la entidad no residente procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en el sentido del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Suprime el apartado 4 del art.91. “No se imputarán las rentas previstas en las letras b) y e) anteriores, en el supuesto de valores derivados de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades que otorguen, al menos, el 5 por ciento del capital de una entidad y se posean durante un plazo mínimo de un año, con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad participada no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos previstos en el artículo 4.Ocho.Dos a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, los requisitos relativos al porcentaje de participación así como la existencia de una dirección y gestión de la participación se determinarán teniendo en cuenta a todas las que formen parte del mismo.”

Suprime del primer párrafo del apartado 2 del art.91. “No obstante, en el caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de participaciones, se atenderá, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo”

Art.91.4. No se imputarán las rentas previstas en el apartado 3 de este artículo cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 por ciento de la renta total obtenida por la entidad no residente.

(NUEVO) No obstante, se imputarán en todo caso las rentas a las que se refiere la letra i) del apartado 3 sin perjuicio de que, asimismo, sean tomadas en consideración a efectos de determinar la suma a la que se refiere el párrafo anterior.

No se imputará en la base imponible del contribuyente el impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre Sociedades efectivamente satisfecho por la sociedad no residente por la parte de renta a incluir.

Tributación de los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva. Régimen de diferimiento. Art.94.2 a) LIRPF

Se procede a homogeneizar el tratamiento de las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, con independencia del mercado, nacional o extranjero en el que coticen. Así, se extiende a las IIC cotizadas que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de las que cotizan en bolsa española respecto a la no aplicabilidad del régimen de diferimiento.

Por tanto, no será aplicable el régimen de diferimiento existente para las ganancias patrimoniales, cuando el importe obtenido en la transmisión se reinvierte en acciones o participaciones de otra IIC.

No obstante, se establece un régimen transitorio para que siga siendo aplicable el diferimiento a las acciones o participaciones en fondos y sociedades de inversión cotizados extranjeros adquiridas antes del 1 de enero de 2022, con la salvedad de que la reinversión se debe efectuar en otras IIC distintas de las fondos y sociedades de inversión cotizados

art.94.2.a) LIRPF.“Para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1.a) (régimen de diferimiento) se exigirán los siguientes requisitos:

1.º La adquisición, suscripción, transmisión y reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva se realizará a través de entidades comercializadoras inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

2.º En el caso de que la institución de inversión colectiva se estructure en compartimentos o subfondos, el número de socios y el porcentaje máximo de participación previstos en el apartado 1.a). 2.º anterior se entenderá referido a cada compartimento o subfondo comercializado.

Nuevo 3.º Que el reembolso o transmisión o, en su caso, la suscripción o adquisición, no tenga por objeto participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva análogas a los fondos de inversión cotizados o sociedades del mismo tipo previstos en el artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, cualquiera que sea el mercado regulado o el sistema multilateral de negociación en el que coticen y la composición del índice que reproduzcan, repliquen o tomen como referencia.”

«Disposición transitoria trigésima sexta LIRPF. Aplicación del régimen de diferimiento a determinadas participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva adquiridas con anterioridad a 1 de enero de 2022. El requisito establecido en el número 3.º de la letra a) del apartado 2 del artículo 94 de esta Ley no será de aplicación a las participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva a que se refiere dicho número 3.º adquiridas por el contribuyente con anterioridad a 1 de enero de 2022 y no cotizadas en bolsa de valores española, siempre que el importe del reembolso o transmisión no se destine a la adquisición de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva previstas en el citado número 3.”

Nuevas obligaciones de información. Monedas virtuales

Dos nuevas obligaciones informativas de las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero que prestan determinados servicios:

Obligación de suministro de información sobre la totalidad de las monedas virtuales que mantengan custodiadas, incluidos los saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos, por quienes proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad. DA Decimotercera.6 LIRPF

Obligación de comunicar las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia, relativas a monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas en las que intervengan o medien, por quienes proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones, o proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación. La misma obligación anterior tendrán las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal. DA Decimotercera.7 LIRPF

Regla especial de imputación temporal. Seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión. Art.14.2 h) LIRPF. 

En relación con los seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión, se adaptan los requisitos exigibles para que no resulte de aplicación la regla especial de imputación temporal para este tipo de seguros, en concordancia con las últimas modificaciones normativas aplicables a las entidades aseguradoras.

“La inversión de las provisiones de cada conjunto de activos deberá efectuarse en activos que cumplan las normas establecidas en el artículo 89 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. En ningún caso podrá tratarse de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios.”

I.V.A (Ley 37/1992) artículo octavo Ley 11/2021

Se incorpora una serie de modificaciones en la LIVA con el fin de evitar interpretaciones erróneas que pudieran dar lugar a situaciones de abuso o fraude, en especial en materia de responsabilidad tributaria.

Actualiza el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago del IVA, definido actualmente para los agentes de aduanas, que ahora será de aplicación a las personas o entidades que actúen en nombre y por cuenta del importador. Modificación Art.87 tres LIVA.

Se matizan el alcance y naturaleza de los incumplimientos de las obligaciones específicas del régimen especial del grupo de entidades en las que necesariamente debe ser sujeto infractor la entidad dominante. Art.163 nonies.siete

La entidad dominante será sujeto infractor por los incumplimientos de las obligaciones específicas del régimen especial del grupo de entidades, incluidas las obligaciones derivadas del ingreso de la deuda tributaria, de la solicitud de compensación o de la devolución resultante de la declaración-liquidación agregada correspondiente al grupo de entidades, siendo responsable de la veracidad y exactitud de los importes y calificaciones consignadas por las entidades dependientes que se integran en la declaración-liquidación agregada. Las demás entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades responderán solidariamente del pago de estas sanciones.

Régimen de depósito distinto de los aduaneros. Responsabilidad subsidiaria del pago de la deuda. Modificación apartado quinto de Anexo LIVA

Se extiende el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago de la deuda tributaria que alcanza a los titulares de los depósitos distintos de los aduaneros correspondiente a la salida o abandono de los bienes estos depósitos, a los bienes objeto de Impuestos Especiales, excluidos hasta la fecha para evitar que los beneficios del régimen se utilicen de forma fraudulenta para realizar compras exentas del IVA al amparo del régimen, con devengo del Impuesto a la salida pero sin ingreso del mismo ante la Hacienda Pública.

No obstante, tratándose de productos objeto de los Impuestos sobre el Alcohol y las Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos, esta responsabilidad no será exigible al titular del depósito cuando la salida o el abandono de los bienes se haya realizado por una persona o entidad autorizada al efecto que conste en el registro de extractores de estos productos, registro administrativo donde deben inscribirse dichas personas o entidades y que se crea con dichos efectos.

Impuesto General Indirecto Canario (LEY 20/1991) artículo noveno ley 11/2021

Incorpora en el IGIC las modificaciones incluidas en el IVA en materia de responsabilidad tributaria en el ámbito de las liquidaciones aduaneras. Modificación Art.21 bis

En las importaciones de bienes, también serán responsables solidarios del pago del Impuesto, las personas o entidades que actúen en nombre propio y por cuenta de los importadores. Art.21 bis.2.3º

Serán responsables subsidiarios del pago del Impuesto las personas o entidades que actúen nombre y por cuenta del importador. Art.21 bis.3.

Las responsabilidades solidarias y subsidiarias NO alcanzarán a las deudas tributarias que se pongan de manifiesto como consecuencia de actuaciones practicadas fuera de los recintos aduaneros. Art.21 bis.4.

Constituye infracción tributaria grave el retraso en la obligación de llevar los libros registro a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos reglamentariamente por el Gobierno de Canarias. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de un 0,5 % del importe de la factura objeto de registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros. Art.63.11

Paraísos fiscales (Ley 36/2006) artículo decimosexto ley 11/2021

Definición de jurisdicción no cooperativa. Modifica la DA primera Ley 36/2006

Actualiza y amplia el concepto de paraíso fiscal, que pasa a denominarse jurisdicción no cooperativa, término utilizado internacionalmente, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia

Tendrán la consideración de jurisdicciones no cooperativas los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que se determinen por la Ministra de Hacienda mediante Orden Ministerial conforme a los criterios que se establecen. DA Primera.1

La relación de países y territorios que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas se podrá actualizar atendiendo a criterios dinámicos. Se podrán incluir en la lista, entre otras:

Las que faciliten la celebración o existencia de instrumentos o de sociedades extraterritoriales, dirigidos a la atracción de beneficios que no reflejen una actividad económica real en dichos países o territorios. DA Primera.2 b)

Cuando exista baja o nula tributación. Existe baja tributación cuando en el país o territorio de que se trate se aplique un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al exigido en España en un impuesto idéntico o análogo al IRPF, al IS o al IRNR. DA Primera.2 c)

Cuando no exista el efectivo intercambio de información relativa al titular real, definido en los términos de la normativa española en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. DA Primera.2 a) 4º

Por el incumplimiento de un efectivo intercambio de información tributaria con España. DA Primera.2 a) 2º

La inexistencia con dicho país o territorio de normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria que sea de aplicación. DA Primera.2 a) 1º

La relación de regímenes fiscales perjudiciales que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas se podrá actualizar atendiendo a los criterios del Código de Conducta en materia de Fiscalidad Empresarial de la Unión Europea o del Foro de Regímenes Fiscales Perjudiciales de la OCDE. DA Primera.3

Referencias normativas Nueva DA Décima Ley 36/2006

Las referencias efectuadas en la normativa a paraísos fiscales, a países o territorios con los que no exista efectivo intercambio de información, o de nula o baja tributación se entenderán efectuadas a la definición de jurisdicción no cooperativa de la disposición adicional primera de esta ley 36/2006

Aplicación transitoria de la consideración de jurisdicción no cooperativa. Modificación DT segunda.

En tanto no se determinen por Orden Ministerial los países o territorios que tienen la consideración de jurisdicción no cooperativa, tendrán dicha consideración los países o territorios previstos en el Real Decreto 1080/1991, por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991 de Medidas Fiscales, y 62 de la Ley 31/1990, de PGE para 1991.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987)

Artículo cuarto Ley 11/2021.

Normas generales de la base imponible. Valor de mercado. Valor de referencia del Catastro. Modificación Art.9 LISD

Modifica la base imponible del ISD, sustituyendo el “valor real” por “valor”, concepto que se equipara al valor de mercado. Está modificación también afecta al ITP-AJD. Por ello, se conceptúa como base imponible de estos impuestos el valor de mercado del bien o derecho que se transmita o adquiera.

A efectos del ISD, salvo que resulte de aplicación alguna de las reglas contenidas en este artículos o artículos siguientes, se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado. No obstante, si el valor declarado por los interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible.

Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas.

En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto.

No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados es superior a su valor de referencia, se tomará aquel como base imponible.

Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados o el valor de mercado.

Se modifica la normativa reguladora del catastro inmobiliario (RD Leg 1/2004) en consonancia con este cambio en el ISD, garantizando un procedimiento administrativo para el general conocimiento del valor de referencia de cada inmueble.

El apartado 4 y 5 del art.9 del ISD establece los supuestos en que se podrá impugnar el valor de referencia o el supuesto en que se podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación impugnando dicho valor de referencia, y los supuestos en que deben emitirse informes preceptivos y vinculante de la DG del Catastro.

En los art.12 y 16 de la LISD se sustituye la expresión valor real por “valor”, en el sentido mencionado anteriormente.

Art. 12. Normas especiales para adquisiciones «mortis causa». Cargas deducibles

Art. 16. Normas especiales para transmisiones lucrativas «inter vivos». Cargas deducibles

En los art.12 y 16 de la LISD se sustituye la expresión valor real por “valor”, en el sentido mencionado anteriormente.

Base imponible. Comprobación de valores. Modificación Art.18.1 LISD

1. La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos por los medios de comprobación establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, salvo que, en el caso de inmuebles, la base imponible sea su valor de referencia o el valor declarado por ser superior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley.

En el art.18.2, susituye “valor real” por valor.

Normas especiales. Acumulación de donaciones y contratos y pactos sucesorios.

Modifica la regulación de la acumulación de donaciones, para incluir las adquisiciones producidas en vida del causante como consecuencia de contratos y pactos sucesorios formalizados entre las mismas personas. Modificación Artículo 30.1 y 2 LISD

Se entenderá por base liquidable teórica del total de las adquisiciones acumuladas la suma de las bases liquidables de las donaciones y demás transmisiones “inter vivos” equiparables anteriores, de las herencias, legados o cualesquier otros títulos sucesorios y la de la adquisición actual. Modificación Artículo 30.3 LISD

Adecuación de la normativa del Impuesto a la Sentencia del TJUE, de 3 de septiembre de 2014. Modificación DA Segunda.Uno LISD

Extiende su ámbito de aplicación a todos los no residentes, ya sean residentes en un Estado miembro de la UE o del EEE o en un tercer Estado, en consonancia con la reciente jurisprudencia del TS sobre la extensión del principio de libertad de movimiento de capitales, reflejada en diversas sentencias, entre las que cabe señalar la sentencia 242/18, de 19 de febrero.

Impuesto sobre el Patrimonio (Ley 19/1991)

Artículo quinto Ley 11/2021.

Base imponible bienes inmuebles. Valoración. Modificación Art.10.uno LISD

“Los bienes de naturaleza urbana o rústica se computarán de acuerdo a las siguientes reglas:

Uno. Por el mayor valor de los tres siguientes: El valor catastral, el determinado o comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición.”

Base imponible. Seguros de vida y rentas temporales o vitalicias Modif.Art.17 LISD

Los seguros de vida deben computarse por su valor de rescate en el momento del devengo del Impuesto. No obstante, en los supuestos en los que el tomador del seguro de vida no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate total en la fecha de devengo del impuesto, el seguro se computará por el valor de la provisión matemática en la citada fecha en la base imponible del tomador. (17.uno)

Esta norma no se aplicará a los contratos de seguros temporales que únicamente incluyan prestaciones en caso de fallecimiento o invalidez u otras garantías complementarias de riesgo. (17.uno) NOVEDAD RESPECTO PROYECTO DE LEY

Cuando se perciban rentas, temporales o vitalicias, procedentes de un seguro de vida, estas se computarán por el valor establecido en el apartado Uno del art.17 (17.dos)

Especialidades de la tributación de los contribuyentes no residentes

Modificación DA Cuarta LIP.

Se amplía el derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos para todos los contribuyentes no residentes, no sólo para los residentes en la UE o en el EEE.

ITP-AJD (RD Leg 1/1993)

Artículo SEXTO Ley 11/2021.

Base imponible del impuesto

En el ITP-AJD, al igual que en el ISD, se modifica la base imponible del impuesto, sustituyendo el “valor real” por “valor”, concepto que se equipara al valor de mercado. Se conceptúa como base imponible de estos impuestos el valor de mercado del bien o derecho que se transmita o adquiera, el cual se define, a su vez, como el “precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas”.

En el caso de bienes inmuebles, se establece que la base imponible es el valor de referencia previsto en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (RD Leg 1/2004). No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada, o ambos son superiores a su valor de referencia, se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes. Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada o el valor de mercado.

Establece los supuestos en que se podrá impugnar el valor de referencia o el supuesto en que se podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación impugnando dicho valor de referencia, y los supuestos en que deben emitirse informes preceptivos y vinculante de la DG del Catastro.

El valor de referencia es distinto del valor catastral y por ello, esta norma no afecta en modo alguno a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible (como el IRPF, el IBI o el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Artículos modificados:

Art.10.1 y 2, y se añaden 3 y 4. Transmisiones patrimoniales. Base imponible. Sustituye valor real por “valor”. Valor de mercado. Valor de referencia

Art.13.3. Reglas especiales. Concesiones administrativas. Base imponible. Sustituye valor real por “valor”

Art.17.1. Reglas especiales. Transmisión créditos o derechos. Base imponible. Sustituye valor real por “valor”

Art.25.2 y 4. Operaciones societarias. Base imponible. Sustituye valor real por “valor”. Nos remite a lo establecido por el art.10.

Art.30.1. AJD. Documentos notariales. Base imponible. Añade: “Cuando la base imponible se determine en función del valor de bienes inmuebles, el valor de estos no podrá ser inferior al determinado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de este texto refundido”

Art.46. 1, 2 y 5. Disposiciones comunes. Comprobación de valores. Sustituye valor real por “valor”. «‘’1. La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso, de la operación societaria o del acto jurídico documentado, salvo que, en el caso de inmuebles, la base imponible sea su valor de referencia o magnitud superior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de este texto refundido

MODIFICACIÓN TRLEY MERCADO DE VALORES (RD Leg 4/2015):

Régimen fiscal de las operaciones sobre valores. El artículo séptimo de la Ley 11/2021 modifica el art.314 “Exención del IVA y del ITP-AJD”, en vigor partir del 11-07-2021, para sustituir las referencias al valor real por “valor”.

“3. En los supuestos en que la transmisión de valores quede sujeta a los impuestos citados sin exención, según lo previsto en el apartado 2 anterior, se aplicarán las siguientes reglas:

1.ª Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de todos los bienes contabilizados se sustituirán por sus respectivos valores de mercado determinados a la fecha en que tenga lugar la transmisión o adquisición. A estos efectos, el sujeto pasivo estará obligado a formar un inventario del activo en dicha fecha y a facilitarlo a la Administración Tributaria a requerimiento de esta.

En el caso de bienes inmuebles, los valores netos contables se sustituirán por los valores que deban operar como base imponible del impuesto en cada caso, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.”

Transmisiones patrimoniales. Hecho imponible. Modif.Art.7.5 TRLITP-AJD

No estarán sujetas al concepto “transmisiones patrimoniales onerosas”, las operaciones enumeradas anteriormente cuando, con independencia de la condición del adquirente, los transmitentes sean empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad económica y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, quedarán sujetos a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como las constitución y transmisión de derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido. También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión (suprime: “de la totalidad”) de un patrimonio empresarial o profesional, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Catastro inmobiliario (modificación TRLCI RD Leg 1/2004)

Artículo decimocuarto Ley 11/2021.

Se adapta la regulación del valor de referencia de la Dirección General del Catastro, para dotarlo de mayor rigor, precisión y seguridad jurídica en su determinación.

Artículos modificados:

Art.3.1. Contenido de la descripción catastral de los bienes inmuebles. Sustituye “valor de referencia del mercado” por la de “valor de referencia”.

DF Tercera. Valor de referencia.

Con el fin de que el valor de referencia de los inmuebles no supere el valor de mercado se fijará, mediante orden de la Ministra de Hacienda, un factor de minoración al mercado para los bienes de una misma clase.

La Dirección General del Catastro aprobará, con periodicidad anual, mediante resolución, los elementos precisos para la determinación del valor de referencia de cada inmueble por aplicación de los citados módulos de valor medio y de los factores de minoración correspondientes, en la forma en la que reglamentariamente se determine.

Esta resolución se publicará por edicto en la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro antes del 30 de octubre del año anterior a aquel en que deba surtir efecto, previo trámite de audiencia colectiva.

DT Novena. Régimen transitorio para la determinación del “valor de referencia” de cada inmueble.

Establece las directrices para aplicar los módulos de valor medio previstos en la DF Tercera para determinar el valor de referencia de cada inmueble.

Procedimiento de incorporación mediante comunicaciones.  Art.14 TRLCI.

Se consideran comunicaciones, que no eximirán de la obligación de declarar salvo que se produzcan con anterioridad a la finalización del plazo máximo para cumplir dicha obligación, en cuyo caso la DG del Catastro advertirá de esta circunstancia en el correspondiente acuerdo (art.14.2):

f) Las que formulen las entidades locales o, en su caso, las entidades que ejerzan la gestión tributaria del IBI, que pongan en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, siempre que se cumplan los términos y condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro. Art.14.1 f)

g) Los datos, informes o antecedentes suministrados a la Dirección General del Catastro en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 (deber de colaboración), siempre que incorporen la totalidad de la documentación necesaria para acreditar la correspondiente alteración catastral de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por aquella. Art.14.1 g)

El procedimiento de comunicación podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de resolución en aquellos supuestos en que no existan terceros afectados. En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto para la presentación de alegaciones durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido este plazo, los interesados no hayan formulado alegaciones, la propuesta de resolución se convertirá en definitiva, entendiéndose dictado y notificado el acuerdo que contiene el día siguiente al de la finalización del mencionado plazo, procediéndose al cierre y archivo del expediente. Art.14.3

Inspección catastral. Eficacia de las actuaciones inspectoras. Ampliación del plazo para iniciar el procedimiento. Art.20.2 TRLCI

«2. La incorporación en el Catastro Inmobiliario de bienes inmuebles o la modificación de su descripción por virtud de actuaciones inspectoras tendrán eficacia desde la fecha en que se produjo el hecho, acto o negocio a que se refieren dichas actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionador dentro del plazo de los seis meses siguientes a la fecha en que se hubiese notificado o se entendiese notificado el correspondiente acto de alteración catastral.»

NOVEDADES RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY:

Eficacia de los actos dictados en los procedimientos de incorporación mediante declaración, comunicación y solicitud. Art. 17.6.

Se da eficacia a los actos dictados en los procedimientos de declaración, comunicación y solicitud desde la fecha en que se produjo el hecho, acto o negocio que originó la incorporación o modificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen.

Procedimientos de subsanación de discrepancias y de rectificación. Art.18.1

«1. El procedimiento de subsanación de discrepancias se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, cuando ...

La resolución que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que el Catastro hubiera tenido constancia documentada de la discrepancia y se notificará…”

Procedimiento de regularización catastral. DA tercera.4

Se da eficacia a los actos dictados en los procedimientos regularización catastral desde la fecha en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originen la incorporación o modificación catastral, facilitando el ajuste a la evolución de la realidad inmobiliaria.

Impuesto sobre actividades económicas

Artículo decimoquinto Ley 11/2021.

Exenciones. Modificación art.82.1 c)

Establece que la exención en el IAE de las personas físicas se aplica tanto a los residentes como a los no residentes en territorio español.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en la letra c), se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 35 del Código de Comercio. (antes artículo 191 TRLSA)

3.ª Para el cálculo del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por él.

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades por concurrir alguna de las circunstancias consideradas en el apartado 1 del artículo 42 del Código de Comercio como determinantes de la existencia de control, con independencia de la obligación de consolidación contable, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

Modificación Ley de Regulación del Juego (Ley 13/2011)

Artículo decimoséptimo Ley 11/2021.

Licencias generales. Obligación de los licenciatarios:

No utilizar denominaciones comerciales o web, marcas, imágenes o cualquier otro elemento relevante para la identificación comercial de su actividad que guarde identidad o semejanza con los vinculados a entidades que ofrezcan actividades de juego sin título habilitante constitutivas de la infracción prevista en la letra a) del artículo 39, salvo que cuenten para ello con la autorización expresa de la autoridad encargada de la regulación del juego. Art.10.4 f)

Licencias generales. Nuevos compromisos que deberán asumir los operadores de juego, por lo que se refiere a la gestión responsable del juego:

Colaborar en la lucha contra el fraude mediante la elaboración y aplicación de un manual de prevención de lucha contra el fraude que incluya una descripción de los procedimientos y medidas implementados para la identificación de los diferentes escenarios de fraude y su tratamiento. A estos efectos, los operadores deberán informar a la autoridad encargada de la regulación del juego sobre las operaciones detectadas como fraudulentas y sobre la identidad de los jugadores que participen en ellas. No se requerirá el consentimiento del interesado para el tratamiento de datos que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones previstas en esta letra. Art.10.5 f)

Asegurar la debida diligencia en el seguimiento de la actividad de los participantes, con arreglo a elementos tales como los patrones de consumo, el nivel de depósito y gasto, los medios de pago utilizados o la capacidad económica de aquéllos, de cara a evitar prácticas fraudulentas y de riesgo. Art.10.5 g)

Control de la actividad de juego. Operadores.

Tampoco podrán ser titulares de las licencias y autorizaciones previstas cuando se haya sancionado a cualquier otra entidad que forme parte del grupo empresarial al que pertenezca la persona física o jurídica. Art.13.2 c)

Tampoco podrán ser titulares de las licencias y autorizaciones previstas cuando el solicitante o cualquier empresa perteneciente a su grupo empresarial no haya satisfecho el pago de sanciones pecuniarias por resoluciones firmes. Art.13.2 k)

Cualquier variación en la titularidad de capital social de los licenciatarios implicará nueva acreditación de los requisitos previstos. Art.13.4

Ampliación de las funciones de la Comisión Nacional del Juego

La CNJ puede requerir información sobre las operaciones realizadas por los distintos operadores o por organizadores sin títulos habilitante a “cualquier proveedor de juegos o de servicios de juego”. Art.21.8

La CNJ puede combatir el fraude en el entorno de las actividades del juego, incluyendo el fraude en las apuestas deportivas, y colaborar con las autoridades competentes en la prevención y la lucha contra el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas. Art.21.15 (nuevo)

Se modifica el régimen de infracciones:

Se considera infracción grave: “el incumplimiento de los requisitos y obligaciones en materia de juego responsable y de protección de los jugadores fijados en las normas y disposiciones vigentes”. Art.40 n)

Se considera infracción grave: “promover o facilitar la participación desde España en las actividades de juego a las que se refiere el artículo 2.1 a través de páginas web distintas a las legalmente habilitadas por operadores de juego con título habilitante en España.” Art.40 ñ)

Constituye infracción leve: “participar desde España, a través del uso de técnicas de enmascaramiento de direcciones IP territoriales españolas, en las actividades de juego a las que se refiere el artículo 2.1 ofrecidas a través de páginas distintas de las legalmente habilitadas por operadores de juego con título habilitante en España.” Art.41 f)

La autoridad encargada de la regulación del juego, a través de su página web, publicará las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa impuestas por infracciones graves o muy graves, una vez notificados a los interesados. Nuevo 47 bis.1

La autoridad encargada de la regulación del juego, a través de su página web, publicará información actualizada sobre dominios web a través de los cuales se haya acreditado el ofrecimiento de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley careciendo del correspondiente título habilitante. Nuevo 47 bis.2

Impuestos especiales (modifica Ley 38/1992)

Impuestos especiales de fabricación Artículo décimo Ley 11/2021.

Ajuste técnico en la definición de los depósitos fiscales. Suprime “pueden”. Con dicho ajuste se clarifica que para que el titular de un depósito fiscal obtenga la correspondiente autorización que le habilita para operar como tal es preciso que en dicho establecimiento se realicen operaciones efectivas de almacenamiento de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación. Art.4.10

Nuevo supuesto de infracción tributaria grave: La existencia de diferencias en menos de materias primas, productos en curso de fabricación o productos terminados en fábricas y depósitos fiscales que excedan de los porcentajes autorizados reglamentariamente, puestas de manifiesto en recuentos de existencias practicados por la Administración. Se sancionará con multa pecuniaria del 50 por ciento de las cuotas del impuesto especial que corresponderían a los productos terminados sobre los que se haya comprobado la diferencia o a los productos terminados que se hubieran podido obtener a partir de los productos en curso o las materias primas respecto de los cuales se haya comprobado la diferencia, calculadas aplicando el tipo impositivo vigente en la fecha de descubrimiento de la infracción, con un mínimo de 300 euros.  Art.19.2 d) y art.19.3

Nuevo supuesto de infracción tributaria grave: e) El incumplimiento por los obligados tributarios de los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley y en su normativa de desarrollo necesarios para la aplicación de las exenciones o tipos reducidos previstos en aquélla, cuando no se justifique el uso o destino dado a los productos objeto de dichos beneficios. Se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento del beneficio fiscal aplicado a los productos respecto de los cuales se hayan incumplido los requisitos y condiciones establecidas legal o reglamentariamente. Art.19.2 e) y art.19.3

Este supuesto de infracción, con sus correspondientes sanciones, también se introducen en la normativa reguladora del Impuesto Especial sobre el Carbón y el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Art.87.2 a 4 y art.103.3 a 5.

Art.19.6. Tendrá la calificación de infracción tributaria leve la tenencia, con fines comerciales, de bebidas alcohólicas o de labores del tabaco que no ostenten marcas fiscales o las ostenten sin cumplir los requisitos establecidos reglamentariamente al efecto, salvo cuando respecto de la misma conducta sea de aplicación lo establecido en el apartado 2. Esta infracción se sancionará:

a) Con multa de 150 euros por cada 1.000 cigarrillos, con un importe mínimo de 600 euros por cada infracción.

b) Con multa de 90 euros por cada kilogramo de picadura para liar, con un importe mínimo de 600 euros por cada infracción.

c) Con multa de 10 euros por cada litro de bebidas, con un importe mínimo de 600 euros por cada infracción.

Nueva infracción tributaria leve: el incumplimiento por los obligados tributarios de los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley y en su normativa de desarrollo para la aplicación de un supuesto de exención o un tipo impositivo reducido en razón del destino de los productos objeto de los impuestos especiales, cuando no constituya infracción tributaria grave. Se sancionará con multa pecuniaria del 10 % del beneficio fiscal aplicado a los productos respecto de los cuales se hayan incumplido los requisitos y condiciones establecidas legal o reglamentariamente. Art.19.8

Este supuesto de infracción, con sus correspondientes sanciones, también se introducen en la normativa reguladora del Impuesto Especial sobre el Carbón y el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Art.87.2 a 4 y art.103.3 a 5.

Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Tipo impositivo

La DA quinta de la Ley 11/2021, con efectos hasta el 31 de diciembre de 2021 se modifican los epígrafes 1.º, 2.º, 3.º y 4.º del apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992

Epígrafe 1.º

a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 144 g/km, con excepción de los vehículos tipo ‘’quad’’ y de los vehículos comprendidos en los epígrafes 6.º, 7.º, 8.º y 9.º

b) Vehículos provistos de un solo motor que no sea de combustión interna, con excepción de los vehículos tipo ‘’quad’’.

Epígrafe 2.º

Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 144 g/km y sean inferiores a 192 g/km, con excepción de los vehículos tipo ‘’quad’’ y de los vehículos comprendidos en el epígrafe 9.º

Epígrafe 3.º

Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean inferiores a 192 g/km y sean inferiores a 240 g/km, con excepción de los vehículos tipo ‘’quad’’ y de los vehículos comprendidos en el epígrafe 9.º

Epígrafe 4.º

a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean iguales o superiores a 240 g/km, con excepción de los vehículos tipo ‘’quad’’ y de los vehículos comprendidos en el epígrafe 9.º

….»

Represión Contrabando (modifica LO 12/1995)

El artículo undécimo de la Ley 11/2021, modifica el primera párrafo del art.11.1 de la LO 12/1995 de Represión del Contrabando delimitando las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 que incurren en infracción administrativa de contrabando.

«1. Incurrirán en infracción administrativa de contrabando las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo las acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente Ley, de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia, cualquiera que sea el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos, cuando dichas conductas no constituyan delito.

Modificación Ley 29/1998 reguladora Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo duodécimo Ley 11/2021, modifica el art.8.6. EN VIGOR A PARTIR DEL 11-07-2021, añadiendo un último párrafo:

“Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán también de las autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún con carácter previo a su inicio formal cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.”

Normas de control sobre el tabaco crudo y régimen sancionador.

DA primera Ley 11/2021, con efectos desde 01-01-2022, establece medidas de control sobre el tabaco crudo, aplicable a los operadores de tabaco crudo y a los transportistas por cuenta ajena de este producto.

Uno. Ámbito de aplicación.

Dos. Prohibición de comercio minorista de tabaco crudo.

Tres. Registro de Operadores de Tabaco Crudo y obligación de inscripción.

Cuatro. Obligaciones contables.

Cinco. Obligaciones relativas a la circulación de tabaco crudo.

Seis. Obligaciones de información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Siete. Facultades de los órganos de control.

Ocho a doce. Régimen sancionador.

Trece. Comiso.

Catorce. Aprehensión y destino de los bienes.

Quince. Destrucción del tabaco crudo aprehendido.

Dieciséis. Prescripción.

Diecisiete. Procedimiento sancionador.

Dieciocho. Comunicaciones.

Diecinueve. Normativa supletoria.

Veinte. Desarrollo reglamentario.

Veintiuno. Tratamiento de datos personales.

Veintidós. Intercambio de información.

Prohibición de determinadas máquinas aptas para la fabricación de labores del tabaco.

DA segunda Ley 11/2021, en vigor transcurrido el plazo de 3 meses desde 11-07-2021

Se califican como género prohibido, a efectos de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando, determinadas máquinas destinadas a la fabricación de labores de tabaco cuando los y las adquirentes o poseedores y poseedoras de las mismas no tengan la condición de operadores autorizados u operadoras autorizadas para la fabricación de labores de tabaco, incluidas las que realicen primera transformación, o, de otro modo, no sean operadores económicos u operadoras económicas que adquieran o posean las máquinas en el ejercicio de una actividad económica legítima.

Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Modificación Ley 19/1994

DF Primera Ley 11/2021.

Registro especial de buques y empresas navieras.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2021 que no hayan concluido a la entrada en vigor de esta Ley, se modifica la Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con el fin de adecuar el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras a las Directrices comunitarias sobre ayudas prestadas al transporte marítimo, contenidas en la Comunicación C(2004)43 de la Comisión Europea.

Normas generales. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 73. Inscripción de buques

Normas generales. Se añade un nuevo artículo 73.bis. Requisitos y límites para aplicar los incentivos.

Régimen fiscal. Modificación art.76. Impuesto sobre Sociedades. Límites en la bonificación

Límites deducciones inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias.

Modifica la DA Decimocuarta de la Ley 19/1994, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2021 que no hayan concluido a la entrada en vigor de esta Ley.

La DF 3 del Real Decreto-ley 12/2021 (BOE 25-06-2021), también modifica esta disposición, con efectos para los periodos impositivos que se inicien durante el 2020, con el mismo redactado.

Limitación de la suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos previstos en la normativa tributaria de la DA Novena del RD-ley 11/2020

La DF Tercera de la Ley 11/2021 modifica la DA Novena.2 del RD-Ley 11/2020 de medidas complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que establece una medida de suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos previstos en la normativa tributaria, limitando los efectos de esta medida a aquellos plazos de prescripción que, sin tener en cuenta dicha suspensión, finalicen antes del día 1 de julio de 2021.

«2. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.

En el caso de plazos de prescripción, la suspensión del párrafo anterior solo resultará aplicable a aquellos plazos que, sin tener en cuenta la misma, finalicen antes del día 1 de julio de 2021.»

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