Definimos concesión como aquel proceso en el que una empresa, o las Administraciones Públicas, otorgan el derecho de explotación sobre algunos bienes y servicios a una tercera parte (una empresa), que suele ser de gestión privada. Esto se hacer para que los bienes y servicios, tanto públicos como privados, se aprovechen y gestionen de la mejor manera posible, siendo un proceso muy habitual en el sector público.
El concepto de concesión es el mismo, independiente del ámbito en el que se trate (siempre y cuando nos encontremos en el plano económico y empresarial), pero podemos diferenciar dos tipos principales:
Además, existen dos métodos para optar a una explotación, los cuales dependen de varios factores:
Las concesiones privadas, pese a ser menos habituales que las públicas, también se dan frecuentemente, y se producen cuando una empresa privada otorga la explotación de un área de su negocio a otra, que también es de carácter privado. La recepción de este tipo de concesiones es directa, no como en la concesión pública (que detallaremos más adelante), y se suelen llevar a cabo las siguientes acciones:
En el ámbito público, son las Administraciones Públicas del Estado las que otorgan a un tercero (ya sea persona individual o jurídica, pública o privada), la explotación de bienes y servicios durante un tiempo determinado, percibiendo una retribución y actuando bajo su riesgo y a su propia costa. En este tipo de concesiones, no hablamos solo de la concesión del servicio en cuestión, ya que la organización y el funcionamiento del mismo están a cargo de la parte asignada.
Si algo ocurre durante la explotación de los bienes y servicios, es la empresa concesionada la que tiene toda la responsabilidad. Actualmente, es la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017 de 8 de noviembre) la que regula las concesiones públicas. Para que estas se puedan llevar a cabo, se debe realizar un procedimiento distinto a las privadas, ya que, en muchos casos, no se puede realizar adjudicación directa. Esta solo será viable en aquellos contratos cuyo valor sea:
En cualquier otro caso, debe seguirse un procedimiento de licitación, el cual se compone de distintas fases:
En caso de que un licitador cumpla las condiciones pero no las justifique en un plazo de diez días tras la adjudicación, se le descarta del proceso y tendrá que pagar una sanción del 3% del presupuesto total, y se llamará a la siguiente empresa posicionada en la lista.
Una concesión, ya sea pública o privada, otorga los derechos de explotación de determinados bienes o servicios a un tercero, que puede ser una persona física o jurídica, la cual asumirá las responsabilidades de esta explotación hasta que termine el contrato.
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