por Software DELSOLPara mantener el equilibrio de la economía y tratar de apoyar a los que más lo necesitan, el Gobierno ofrece diferentes tipos de ayudas e incentivos que, de no aplicarlos, aumentaría notablemente su recaudación tributaria anual. Esto está directamente relacionado con el concepto de gasto fiscal, que veremos en profundidad a continuación.
El Estado, para poder financiar su gasto público, emplea diferentes métodos a través de los cuales recauda capital, que destinará posteriormente en elementos esenciales para la sociedad, como pueden ser la creación de infraestructuras públicas, la financiación de hospitales y escuelas, el pago de los salarios de funcionarios o el mantenimiento y la limpieza de las calles.
Podemos considerar el gasto fiscal como aquel coste de oportunidad que tiene nuestro Gobierno al ofrecer determinados beneficios tributarios a los contribuyentes, como deducciones fiscales, reducciones en tipos impositivos o exenciones. Este tipo de ayudas, generalmente destinadas a individuos o grupos poco beneficiados, les permiten reducir, aplazar o incluso evitar el pago de determinados impuestos, lo cual hace perder al Estado esas cantidades que, en otras condiciones, hubieran recaudado.
Para ser más concretos, Hacienda recoge en el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) la estimación de los ingresos que deja de percibir debido a los diferentes tratamientos y condiciones que ellos mismos han aplicado a la hora de recaudar los impuestos.
Existen diferentes tipos de gastos fiscales, los cuales veremos detalladamente a continuación.
Una deducción fiscal es una reducción en el pago de los impuestos por parte de un contribuyente, derivada de la realización de una actividad profesional o económica por su parte. Estas deducciones están reguladas según la legislación vigente, y cada país es el encargado de facilitar cuáles serán las actividades que sean susceptibles de recibir estas deducciones fiscales.
Un gasto deducible debe ser completamente imprescindible para que la empresa o el negocio funcione, además de tener que estar documentado a través de una factura y registrado en los libros contables de la empresa. La deducción fiscal no es una exención ni una bonificación de la Seguridad Social, ya que esta hace referencia a un tributo que el contribuyente ya ha pagado y, posteriormente, se le es devuelto.
A diferencia de las deducciones, la exención fiscal exime al contribuyente del pago de determinado tributo. Las exenciones se aplican en función de la normativa del Gobierno, y uno de sus motivos principales es buscar la equidad en cuanto a la capacidad económica de los ciudadanos se refiere. Por ejemplo, aquellos con sueldos bajos suelen disfrutar de exenciones en porcentajes del IRPF, ya que tienen un poder adquisitivo más bajo y se podrían ver gravemente perjudicados en caso de tener que pagar esas cantidades.
En definitiva, las exenciones son herramientas que buscan ayudar a los contribuyentes de manera temporal. En caso de que estas se apliquen a impuestos directos, se verán beneficiados aquellos que tengan los ingresos más bajos, buscando un equilibrio dentro de la economía, mientras que en los impuestos indirectos se reduce la carga fiscal de los bienes y servicios, abrazándose y fomentando la competitividad en los mercados.
Una reducción en la base imponible también es un gasto fiscal que afecta a la recaudación del Gobierno. La base imponible es la cantidad que se utiliza para determinar cuánto debe pagar una persona por un determinado impuesto, aplicándose el porcentaje del mismo a esta cuantía. En muchas ocasiones y en función de la legislación actual, se aplican reducciones según ciertos casos, como pueden ser las reducciones por tributación conjunta, por aportaciones a planes de previsión social o por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos del IRPF.
Cuando un contribuyente solicite un aplazamiento de sus obligaciones tributarias (el cual puede suceder por diferentes motivos: gastos inesperados, mala planificación, problemas con las inversiones o con el negocio), significa que dejará de pagar sus impuestos en la fecha señalada para ello, ya sea a través de un aplazamiento o un fraccionamiento de las cuantías. Esto también supone un gasto fiscal para el Gobierno, ya que en esa fecha determinada estaría recaudando una cantidad menor a la prevista.
Para determinadas actividades económicas y profesionales, la ley determina que se debe pagar un tipo impositivo reducido (o superreducido), mientras que las demás seguirán el régimen general. En los casos donde se aplique el tipo impositivo reducido, las Administraciones estarán incurriendo en un gasto fiscal, ya que se está recaudando una cantidad menor a la que se recaudaría por el régimen general. Por ejemplo, en España, el tipo general de interés del IVA es del 21 %. Sin embargo, existen ciertas actividades profesionales que se acogen al tipo reducido (10 %) y otras al tipo superreducido (4 %).
Todos estos tributos que el Estado deja de percibir no podrán ser invertidos en sanidad, educación, infraestructuras o seguridad. A cambio, el Gobierno consigue luchar contra las desigualdades salariales y la pobreza, mejorando el bienestar social y la calidad de vida en el país.
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