La licitación es una de las fases del proceso de contratación del sector público para escoger a las empresas privadas. Esta fase es la de la publicidad, en la que la administración pública publicita el contrato que desea ofertar. A las empresas interesadas y que quieran lanzar su propia oferta para que sea valorada por la administración pública se les conoce como licitadores.
Las licitaciones en España han supuesto una vía de crecimiento para las empresas, ya que si una es seleccionada para licitar por la Administración Pública quiere decir que ha superado los criterios de eficacia, rendimiento y calidad.
La licitación es una forma de aumentar la cartera de clientes y de mejorar la imagen de una empresa de cara a compradores, competidores y proveedores. Es decir, sirve para incrementar el prestigio de un negocio.
Cualquier tipo de compañía, ya sea de España o del exterior, que desee aportar su participación en la contratación de licitaciones públicas, tiene que poseer el conocimiento sobre las fases del proceso de licitación establecidas en nuestro país y cumplir obligatoriamente el marco normativo.
La licitación por las Administraciones Públicas en España conlleva el cumplimiento de una serie de fases que son obligatorias para todas las personas interesadas en este proceso:
El 9 de marzo del año 2018 entró en vigor la Ley 9/2017 para la contratación pública. Es destacable el gran crecimiento de las licitaciones en España durante el 2019, pues aumentaron alrededor del 50 %, suponiendo unos 10 300 millones de euros. La subida es bastante considerable, pues normalmente la contratación pública ocupa en torno a un 20 % del PIB nacional.
El crecimiento por Comunidades no se da de manera regular, ya que, por ejemplo, en Extremadura se multiplicaron por cuatro sus licitaciones, mientras que en Ceuta la contratación aumentó más de un 50 %.
La nueva Ley ha introducido una serie de cambios que han supuesto una ventaja para la contratación pública. Los cambios son los siguientes:
En resumen, la licitación es un proceso que se debe basar en unas reglas establecidas por el Gobierno, a través de las cuales una empresa da a conocer a la población una necesidad, lanza ofertas que la satisfagan, las evalúa y selecciona una de ellas. Además, este proceso puede ser público o competitivo. En 2018 entró en vigor una nueva Ley para regir la licitación, la cual ha incluido unos nuevos cambios y ventajas que hacen más rápidos y sencillos los trámites para la contratación pública.
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