por Software DELSOLSi pensamos en los delitos habituales, es normal considerar primero en robos o estafas a personas físicas o jurídicas. Pero hay otros delitos que se llevan a cabo y que no afectan de manera directa a un individuo o una empresa particular, sino que afectan a la población en general. En este caso, estamos hablando de los delitos fiscales: un tipo de fraude situación que está considerada dentro del Código Penal y que está siendo cada vez más perseguida por las implicaciones sociales que traen consigo esta clase de delitos.
Se considera como un delito fiscal a todo aquel delito que se realice contra cualquier Hacienda Pública, ya sea estatal, autonómica, local o supranacional —como la Hacienda de la Unión Europea—. Para que sea considerado como delito, los actos tienen que ser superiores a los 120 000 € contra la Hacienda Pública. En este contexto, se considera que se está defraudando cuando no se realizan los ingresos tributarios o cuotas que una persona física o jurídica debiera de estar llevando a cabo. Además, para que exista un delito fiscal, debe de existir una voluntad de defraudación siendo consciente de que se incurre en esta clase de situación delictiva.
Los delitos fiscales son conocidos como "delitos en blanco" porque para poder aplicarles un castigo penal es necesario interpretar conceptos originados en otras ramas del derecho como el Derecho Tributario y el Derecho Fiscal; donde se recogen conceptos como qué es un tributo, un impuesto, una subvención o una cuota empresarial entre muchos otros términos relacionados.
Al perseguir los delitos fiscales, se busca proteger el patrimonio de la Hacienda Pública y los intereses de los contribuyentes, quienes a consecuencia de la defraudación sufrida por la Hacienda Pública verán dañada su calidad de vida al reducirse el presupuesto del Estado para ofrecer elementos como subvenciones, ayudas de emergencia o el mantenimiento y creación de puestos de empleo públicos entre muchas otras partidas presupuestarias.
Los delitos fiscales se encuentran regidos en el Título XIV de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social del Libro II del CP —Código Penal—, así como en los artículos 305 y 305 bis del CP; donde se indican las penas derivadas de defraudar por engaño, acción u omisión.
En lo que respecta a la Hacienda de la Unión Europea, se regula en el art. 305.3 del CP considerando las conductas que se marcan en el art. 305.1 del CP cuando se lleven a cabo contra la Hacienda de la Unión Europea. De igual manera, también será de aplicación lo regulado en la LO 1/2019, donde se mencionan las conductas de evasión de pagos a ingresar o empleados de forma indebida por un beneficio legal.
La infracción tributaria es muy similar al delito fiscal, siendo las dos principales diferencias la cantidad defraudada y el ánimo de incurrir en la defraudación. Es decir, que si la cuantía es menor de 120 000 € en el caso de cualquier Hacienda Pública nacional y no existe una intención de defraudación, estamos ante una infracción tributaria y no un delito fiscal.
Para que se produzca un delito fiscal, la persona física o jurídica debe cumplir estos requisitos:
Corresponderá a los jueces y nunca a la Administración Pública determinar cuál será el importe de la sanción y su consideración de delito o infracción tributaria entendiéndose a los criterios que dicte la ley.
Un delito de esta clase puede ser castigado de las siguientes formas:
Como podemos apreciar, los delitos fiscales son una preocupación que la Hacienda Pública se toma en serio, ya que supone un gran perjuicio para los intereses tanto del país como de la misma Unión Europea. Motivo por el cual están siendo cada vez más perseguidos a nivel nacional e internacional.
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