Una de las opciones que poseen las empresas, a la hora de recibir financiación, es la de emitir títulos, en los que muchos inversores destinarán su dinero y permitirán a la empresa llevar a cabo sus proyectos. Estos títulos, que normalmente son acciones, tienen que ser clasificados de alguna manera para que, en caso de que la empresa llegue a una situación donde se vea obligada a pagar deudas, exista un orden de prioridades relacionado con quién debe cobrar primero.
Los títulos se clasifican en función a su calidad crediticia, algo que conocemos como el orden de prelación (prioridad de una cosa frente a la otra). En caso de que la compañía llegue a una situación de quiebra y esta haya emitido acciones o tenga títulos en vigor, tendrá que seguir el orden de prelación a la hora de pagar sus deudas. Este orden, pese a que los tipos de deuda ya están previamente calificados, siempre dependerá del tipo de instrumentos que haya emitido la empresa.
El orden de prelación se determina en función del riesgo asumido y la calidad crediticia (a menor riesgo, mayor calidad del instrumento financiero). El orden de prelación, viendo primero los instrumentos con mayor calidad, sería el siguiente:
Aunque no es muy complicado de entender, viendo un ejemplo práctico se podrán aclarar todas las posibles dudas con respecto al funcionamiento del orden de prelación en una empresa:
Imaginemos una compañía dedicada a la producción y venta de maquinaria industrial que, a lo largo de los últimos años, ha emitido títulos por un valor total de 300 000 euros. Como consecuencia de la crisis causada por el COVID-19 y su impacto en todos los sectores económicos, la empresa ha entrado en quiebra y solo dispone de 180 000 euros para abonar las deudas que tiene pendientes. Los títulos emitidos serían los siguientes:
En el momento de pagar las deudas, la empresa seguirá el orden de prelación mencionado anteriormente, por lo que los primeros en cobrar serán los propietarios de los bonos ordinarios (calificados como deuda senior). Después, serán los que posean participaciones preferentes (calificadas como deuda subordinada); y, por último, aquellos que tengan bonos convertibles y cocos. Pagándole a los propietarios de estos tres tipos de instrumentos financieros, la empresa habrá gastado los 180. 00 euros que tenía disponibles para saldar sus deudas, por lo que los accionistas perderían su dinero al no disponer la compañía del capital necesario para abonar esa parte.
En situaciones de quiebra, es altamente probable que las compañías no dispongan del capital suficiente como para saldar las deudas con todos los inversores. Por este motivo se establece un rating en función del riesgo y la calidad crediticia de los instrumentos financieros, creándose un orden de prelación que permite a los propietarios de menor riesgo cobrar su parte primero. En estos casos, los accionistas siempre serán los que salgan peor parados, ya que sus posesiones perderían su valor y serían los individuos que asuman la mayor parte de las pérdidas.
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