Según el INE, en España hay cerca de 4000 personas que se dedican profesionalmente a ser detectives privados. Dejando a un lado los tópicos que la literatura, la televisión o el cine han promovido sobre esta figura, lo cierto es que son profesionales que desempeñan una labor muy importante, y que han de formarse y obtener su licencia para ejercer su actividad.
Los detectives privados son investigadores que, dentro de los márgenes de la ley, realizan un trabajo consistente en recabar pruebas destinadas a destapar algún tipo de actividad ilícita o sospechosa.
Estos profesionales han de poseer una titulación y una licencia que les faculte para ejercer su trabajo, y suelen ser contratados por empresas o particulares, pero también las entidades públicas pueden requerir de sus servicios.
El perfil de un detective privado es, normalmente, multidisciplinar, ya que tiene que aunar conocimientos mercantiles, laborales, económicos, financieros o civiles. Dado que su trabajo consistirá en observar y vigilar ciertas actuaciones, tendrá que conocer todos los detalles del asunto que vaya a investigar.
Además de este compendio de conocimientos (que podrían variar en función de la especialización del detective), se necesitan ciertas aptitudes como paciencia, resiliencia, capacidad de observación, forma física y estabilidad emocional.
La función de los detectives privados comprende actuaciones de vigilancia y recopilación de pruebas a petición de las personas o entidades que hayan solicitado de sus servicios: conductas y hechos privados en el ámbito laboral, familiar, mercantil, económico o social, investigación de delitos perseguibles por instancia de parte o siguiendo el encargo de alguna persona legitimada…
Sin embargo, en ningún caso el detective privado podrá llevar a cabo investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, ya que si se los encontrase tendría que denunciarlos a las autoridades. Tampoco puede, por su código deontológico, utilizar medios personales o técnicos para sus investigaciones que atenten contra ciertos derechos de las personas, como son el derecho a la intimidad, al honor, a la imagen o al secreto en las comunicaciones.
Concretamente, la Ley de Seguridad Privada 5/2014, de 4 de abril, establece los parámetros por los que han de regirse las actuaciones de los detectives privados.
El Ministerio del Interior es el órgano que fija los requisitos para todo aquel que desee convertirse en detective privado. Consisten en:
El primer paso para ser detective privado consiste en, una vez terminado el bachillerato, estudiar un Grado en Criminología en un centro autorizado por la Unidad Central de Seguridad Privada, órgano habilitado por el Ministerio del Interior.
Una vez finalizados estos estudios, se estará en disposición de recibir su TIP (Tarjeta de Identificación Profesional), que servirá en adelante para poder identificarse como detective privado en el ejercicio de sus funciones.
Cabe destacar que apenas 15 universidades españolas ofrecen los estudios homologados en Criminología o Investigación Privada. La duración de estas formaciones suele ser de tres a cinco años.
Sí, la APDPE (Asociación Profesional de Detectives Privados de España) es el organismo que fija los códigos deontológicos (de conducta) que todos los profesionales deben seguir. Es también la entidad que fija los requisitos formativos y trámites necesarios para acceder a la profesión.
La propia APDPE indica que “los detectives no son espías, sino investigadores que siempre actúan dentro del ámbito de la ley”. De alguna forma, esta afirmación trata de desterrar esos tópicos asociados a la profesión.
También tenemos que destacar que no es una profesión que necesite colegiarse; esto es, los detectives no se afilian a la APDPE, sino que ejercen su actividad de forma independiente, acreditándose como tales mediante la Tarjeta de Identificación Profesional.
Un detective privado es un profesional que conjuga varias habilidades personales con una formación académica sólida en varios ámbitos relacionados con la ley y el crimen. Normalmente, son contratados por empresas que investigan supuestas bajas laborales de sus empleados, por cónyuges que sospechan de ocultaciones o infidelidades, o por bancos y mutuas para confirmar sospechas o acreditar situaciones distintas a las que los usuarios declaran.
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