Desde hace muchos años, los ciudadanos españoles tienen el derecho a realizar quejas y reclamaciones frente a los posibles abusos e irregularidades cometidas por las Administraciones Públicas de nuestro país. Vamos a ver qué es el Defensor del Pueblo, la autoridad encargada de recibir y tratar con estas quejas que vulneran los derechos de la ciudadanía.
Las Administraciones Públicas funcionan con la intención y el objetivo de mejorar el desarrollo y el crecimiento de la sociedad, ofreciendo servicios esenciales en materias como la educación, la seguridad, la defensa o la sanidad. Sin duda, son instituciones indispensables para cualquier Estado, y existen para que este funcione y pueda mantenerse a lo largo del tiempo.
Sin embargo, no podemos olvidarnos que el motor de estas administraciones son todas las personas que trabajan en ellas. Estas personas, en algunas ocasiones, pueden cometer ciertas irregularidades que vulneren o interfieran en los derechos y libertades de los ciudadanos. Para evitar estos inconvenientes y solucionarlos cuando ocurran se creó el Defensor del Pueblo, una autoridad estatal encargada de garantizar y proteger los derechos y libertades de las personas afectadas por abusos e irregularidades de los poderes públicos. En España se originó en el año 1982, y hasta ahora ha sido una institución esencial para preservar el bienestar social y los derechos civiles de nuestros habitantes.
El Congreso y el Senado son los encargados de realizar una votación para escoger a la persona encargada de presidir la institución, necesitando una mayoría de tres quintos para poder ser electa. Esta persona debe llevar a cabo su función de manera imparcial e independiente, siguiendo su criterio y de manera autónoma, y disfrutando de inmunidad e inviolabilidad durante el tiempo que desempeñe su cargo. Este individuo no sigue instrucciones de ninguna autoridad y lleva a cabo su mandato durante un periodo de cinco años.
Efectivamente, cualquier ciudadano tiene el derecho a dirigirse de manera gratuita al Defensor del Pueblo, solicitando su intervención frente a cualquier actividad presuntamente irregular que haya llevado a cabo una Administración Pública. Las quejas que se realicen pueden ser tanto individuales como colectivas, y pueden ser puestas por cualquier ciudadano, independientemente de su origen, edad o situación legal.
Esto último quiere decir que no existen restricciones para presentar una reclamación, por lo que estar en un centro penitenciario o incapacitado legalmente no son barreras para hacerlo. Además, no solo se limita a personas físicas, ya que las asociaciones o entidades jurídicas también tienen el derecho a poner este tipo de reclamaciones.
Prácticamente a diario, todos tenemos algún tipo de relación o contacto con las Administraciones Públicas, ya sea con el ayuntamiento, con empresas públicas, hospitales, colegios, etc. Hay ocasiones en las que estas entidades toman decisiones desafortunadas e incorrectas, lo cual puede afectarnos directamente y llegar a vulnerar nuestros derechos.
En estos casos, la mejor decisión consiste en presentar una queja al Defensor del Pueblo, el cual se encargará de analizar lo sucedido y hacer rectificar a la Administración en caso de que haya cometido un acto irregular. Para poner la queja, es tan sencillo como dirigirse a la página web del Defensor del Pueblo de tu comunidad autónoma y rellenar el formulario que aparece en la misma, acompañando la reclamación de escritos y documentos que puedan probar lo expuesto.
De igual manera, debemos saber que el Defensor del Pueblo puede presentar sus propias quejas de oficio por iniciativa propia, en casos donde, pese a que no haya llegado a recibir alguna reclamación, piensa que alguna Administración ha puesto en riesgo los derechos y libertades de los ciudadanos.
Los ciudadanos tienen las siguientes vías disponibles para presentar quejas:
Hemos visto cuándo interviene el Defensor del Pueblo y cómo presentar una queja, pero también debemos saber que hay determinados casos en los que esta entidad no puede actuar:
En definitiva, podemos considerar al Defensor del Pueblo como una institución esencial para garantizar el bienestar de toda la población, proteger sus derechos y luchar contra las irregularidades que cometen los poderes políticos.
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