Cuando las Administraciones Públicas tienen una necesidad que satisfacer, llevan a cabo un proceso legal llamado concurso público o licitación pública, a través del cual solicitan ofertas que puedan cubrir esta necesidad, para posteriormente evaluarlas y escoger la que consideren como la mejor. Su funcionamiento es bastante similar al de una subasta tradicional; la Administración establece unas condiciones a las empresas, las cuales presentarán sus ofertas de contratación, que serán estudiadas con detenimiento para valorar cual es la más adecuada en cada situación.
Para garantizar la transparencia e igualdad del procedimiento, este deberá estar marcado por ciertos requisitos legales, los cuales estarán presentes durante toda la licitación. En primer lugar, las empresas tendrán que presentar una solicitud junto a la documentación requerida por la Administración Pública, que en todo momento se podrá consultar en los pliegos correspondientes al concurso. Estos son unos documentos muy importantes que se dividen en dos tipos:
La documentación solicitada varía dependiendo del tipo de actividad que se solicite, pero generalmente se suelen pedir: las escrituras de constitución de la empresa, el alta en el IAE, los datos correspondientes a la solvencia de la compañía, algunos certificados de pagos a la Seguridad Social y Hacienda y la presentación de avales.
La condición fundamental para que una empresa pueda presentarse a un concurso público es que pertenezca al mismo sector de actividad que el servicio solicitado. Este tipo de convocatorias pueden resultar en un gran impulso económico para las empresas, independientemente de su tamaño y capacidad económica, ya que lo más importante a la hora de realizar la elección final es la especialización y no el tamaño de la empresa escogida.
Para preparar las ofertas, las empresas deben rellenar tres sobres, en los cuales tendrán que incluir determinada información que hayan solicitado las administraciones. El primer sobre contiene toda la documentación administrativa, el segundo todos los datos de carácter técnico y el tercero toda aquella documentación que haga referencia a criterios valorables por la aplicación de fórmulas automáticas.
Es muy importante que, una vez puesta la candidatura, esta se respete por parte de las empresas, ya que, en caso de ser retirada de una forma indebida, la compañía no podrá volver a presentar la solicitud para participar en licitaciones que realicen las Administraciones Públicas en un futuro.
Las Administraciones pueden solicitar garantías para comprobar que las empresas sean capaces de afrontar el proyecto del concurso, las cuales pueden ser provisionales o definitivas.
Una vez presentadas las ofertas y solicitadas las garantías, queda la evaluación por parte de las Administraciones Públicas para escoger la mejor opción y ofrecerles el contrato. El proceso se hace a través de una Mesa de Contratación, cuya composición se presenta una semana antes y se publica en el boletín correspondiente (del Estado, provincial o autonómico, dependiendo del caso).
El Órgano de Contratación es el encargado de comunicar qué empresa ha sido elegida para llevar a cabo el proyecto, disponiendo esta de 10 días para presentar toda la documentación solicitada. Una vez hecho, solo queda que el Órgano de Contratación adjudique el contrato en un plazo máximo de 5 días.
Las licitaciones no tienen por qué estar publicadas en el BOE, ya que en caso de ser Administraciones Autonómicas o entidades locales, estas las presentarán en sus respectivos boletines. Hay tres portales en los que se puede consultar el estado de los anuncios de licitación activos:
Los concursos públicos se presentan como una gran oportunidad de negocio para muchas empresas, ya que son las Administraciones Públicas las que solicitan una obra o servicio, por lo que las compañías pueden aprovechar para sumergirse en nuevos proyectos, siempre y cuando dispongan de la capacidad y recursos necesarios para hacerlo.
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