por Software DELSOLEntendemos por economía mixta el sistema económico de un país o territorio que combina elementos de dos o más sistemas económicos diferentes o, incluso, contrarios entre sí.
En nuestro mundo actual, la Europa del Siglo XXI, todos los países viven en una economía mixta con elementos de dos sistemas económicos:
En principio nuestro sistema económico tiene como base el capitalismo y, en él, los agentes económicos actúan según las reglas del mercado, la oferta y la demanda, en todos sus aspectos como el mercado de bienes y servicios o el mercado laboral.
Sin embargo, dentro de ese sistema capitalista se produce la intervención del Estado y de los poderes públicos en la economía de diversas maneras, como veremos en los puntos siguientes.
Frente a las teorías clásicas del capitalismo iniciadas por Adam Smith y otros autores de su escuela, a principios del Siglo XX el profesor John Maynard Keynes hizo un nuevo planteamiento del sistema capitalista matizándolo.
En la teoría clásica el libre mercado es la única regla y dicho mercado se autorregula y consigue los fines adecuados.
Keynes, sobre todo ante la enorme crisis que comenzó con el Crack de 1929, propone que el Estado impulse la actividad económica, cuando es necesario, realizando gasto público.
De esta manera el sistema sigue siendo capitalista, pero con la intervención del Estado que, a través de este gasto, estimula la actividad económica produciendo ingresos para las empresas que, a su vez, podrán producir empleo. De esta manera las familias tendrán mayor disponibilidad de dinero para consumir y se reactiva la economía.
Además propone otro tipo de actuaciones, como controlar la tasa de interés, no permitiendo que suba más de lo aconsejable.
Los bancos centrales controlan la política monetaria mediante acciones como fijar el coeficiente de caja (por el que los bancos pueden crear dinero en determinada proporción) con lo que se controla la cantidad de dinero en circulación y, además, influyendo de manera importante en los tipos de interés a aplicar a través de los préstamos a las entidades bancarias.
Teoría económica que surge a mediados del Siglo XX, sobre todo en América Latina.
El problema que se plantea es la diferencia, en el comercio internacional, entre los países desarrollados (industrializados) y los países del Tercer Mundo (de economía agrícola); se considera que existe un gran desequilibrio a favor de los primeros.
La primera vertiente sería el desarrollismo propiamente dicho, el poder público interviene para organizar y hacer más eficiente la producción agrícola y las demás actividades auxiliares del Sector Primario.
Una segunda vertiente seria el estructuralismo, al que podemos llamar desarrollismo económico. El Estado está detrás de la creación de un sector industrial de transformación de las materias primas que tiene el país, con el propósito de evitar importaciones de ese tipo de productos y producirlos en el propio territorio.
Un ejemplo muy claro del desarrollismo es el Régimen Franquista en España en sus primeros años, desde el final de la Guerra hasta finales de los años cincuenta; es el periodo llamado de autarquía en el que se pretendía no depender de las importaciones. Se hicieron tres planes de desarrollo con la creación de industria pública a través del INI (Instituto Nacional de Industria) y el establecimiento de los monopolios estatales como los de la gasolina y el tabaco.
Se puede ampliar la información sobre este tema en nuestro artículo estado del bienestar.
Como consecuencia de la evolución del sistema capitalista en los países occidentales y de la enorme crisis de los años 30 del Siglo pasado, los países europeos implantan este sistema de estado del bienestar a partir del fin de la II Guerra Mundial.
Básicamente es un sistema de economía de mercado, capitalista, pero donde el Estado garantiza las necesidades básicas de la población en sectores que se consideran sensibles, garantizando el acceso de todos a bienes como la sanidad, la educación, la asistencia a desempleados y desfavorecidos.
Ello se hace a través de un sistema legal y burocrático, utilizando dinero público, para poner a disposición de la población estas prestaciones que pueden ser:
En este contexto existen prestaciones universales como la educación y la sanidad que están al alcance de todos.
Los principios que inspiran la política económica en España se encuentran en los artículos 39 y ss. de la Constitución Española; en nuestro sistema de economía de mercado el Estado debe garantizar determinados aspectos.
El artículo 40 ordena que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo” además de fomentar la formación profesional, la seguridad e higiene en el trabajo y las condiciones de horarios y descansos adecuadas en la jornada laboral.
El Estado debe, también, ocuparse de los trabajadores españoles en el extranjero, velando por sus derechos sociales y económicos y promoviendo su retorno.
Además deben mantener un sistema público de Seguridad Social y de prestaciones sociales, especialmente en caso de desempleo.
El Estado debe garantizar la salud de la población, con un sistema público de salud además de medidas preventivas y de educación sanitaria.
Debe garantizar el acceso a la cultura y promover la ciencia y la investigación científica y técnica.
Se protegerá el medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales, protegiendolos incluso con tipos penales a quienes atenten contra ellos.
Se garantiza también la protección y conservación del patrimonio cultural, histórico y artístico.
El artículo 47 da a todos los españoles derecho a una vivienda digna y adecuada; el deber del Estado promover las medidas necesarias para garantizar este derecho.
Se promoverá la participación de la juventud en los campos políticos, social, económico y cultural.
Debe garantizarse la existencia de un sistema de pensiones que procure la suficiencia económica de los mayores, además de servicios sociales para ellos.
También la protección de los consumidores, su información adecuada, las reclamaciones y la existencia de asociaciones de consumidores.
Por último, la ley debe regular las organizaciones profesionales para defender los derechos económicos de sus miembros. Su funcionamiento debe ser democrático.
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