Nuevo código ético para fomentar el pronto pago de facturas

El pronto pago de las facturas está siendo objeto de adopción progresiva en el tejido empresarial europeo, y España no está quedándose atrás: vamos a analizar el escenario actual de implantación de códigos éticos para el pronto pago, y cómo la reducción de los plazos de pago de las facturas contribuye a crear una economía más sostenible.

Los retrasos en los pagos

El retraso en los pagos de las facturas, que frecuentemente desemboca en situaciones de morosidad, supone un gran impedimento para el sostenimiento económico de las pymes, y en el escenario actual de pandemia se ha convertido en una circunstancia muy recurrente.

Así lo refrendan los datos del último barómetro elaborado por Cepyme, que reveló que el 92 % de las pymes españolas han visto reducidos sus ingresos durante el último año: además, casi la mitad de esas empresas han experimentado una caída que asciende a la mitad de sus ingresos.

En consecuencia y durante el mismo periodo, prácticamente la totalidad de estas pymes han recibido peticiones para extender los plazos de vencimiento de sus facturas, procediendo tales solicitudes de grandes corporaciones (79 %), de otras pymes (75 %) y de instituciones públicas (30 %).

De esta situación podemos sacar una conclusión clara: la importancia de la liquidez para la sostenibilidad de las empresas. Con la actividad empresarial española resquebrajándose desigualmente, acortar los plazos de pago parece la única forma de otorgar viabilidad económica al sistema.

¿Cómo afecta el pronto pago de facturas a las empresas?

Uno de los mayores valores que puede tener una empresa, independientemente de su tamaño y actividad, es la mencionada liquidez, entendiéndose como tal la relación entre el dinero de caja (y bienes convertibles en dinero) con respecto al total del activo.

Y es este índice el que precisamente más se beneficia de unos plazos de pago más cortos y razonables: dándole la vuelta al argumento, se ve que, cuanto mayor sea el plazo de vencimiento de una factura, mayor coste financiero tendrá que soportar una empresa.

En otras palabras: las empresas que no reciben pagos por adelantado por sus productos o servicios están financiando a sus clientes (como parte, eso sí, de un servicio de valor añadido). El problema viene cuando estos plazos, al alargarse demasiado, merman claramente la liquidez de la empresa.

El código ético de pronto pago

Conocedoras de lo delicado de la situación actual, las empresas españolas se han comenzado a comprometer en masa a reducir sus plazos de pago, conscientes de que esta medida puede ayudar enormemente a salvaguardar el tejido empresarial, no ya solo de las pymes, sino también de las grandes corporaciones, las cuales manejan cifras sensiblemente más altas en cuanto a facturación, pero también en cuanto a cargas fiscales y costes estructurales.

Y así lo refrenda el Informe Europeo de Pagos de Intrum, que sitúa a España en la cuarta posición del ránking de países europeos que fomentan el pronto pago, en una proporción sensiblemente mayor que la del resto del continente: un 48% de las empresas españolas afirman contar con un código ético para el fomento del pronto pago.

Un dato que equipara a nuestras empresas con las de Reino Unido y Noruega, y que solo se ve superado por Suiza, cuya proporción de empresas con estos códigos éticos asciende al 50%. Los cuatro países mencionados superan ampliamente el promedio europeo de adopción de códigos éticos, que actualmente se sitúa en el 37 %.

Intereses de demora de facturas impagadas

Una forma de poner en práctica este código ético es penalizando el impago o la demora excesiva en el pago de las facturas: varias directivas europeas recogen el derecho a aplicar recargos en concepto de intereses de demora, aunque poco más de la cuarta parte de las empresas españolas han hecho uso de este recurso durante el último año (un 28 %).

Pero si esta proporción nos parece escasa, basta con remontarnos al año 2019 para detectar que solo un 5 % de las empresas españolas hacían uso de este recargo: desde luego, la pandemia ha dispuesto un desagradable escenario en el que los impagos y los retrasos excesivos constituyen una circunstancia cada vez más recurrente y lesiva para las empresas.

En la actualidad, la directiva europea antimorosidad ampara a las empresas a aplicar recargos de 40 euros a las facturas no pagadas ni en el plazo pactado ni en la forma correcta: la aplicación de esta medida sigue la misma línea de pensamiento al penalizar una práctica que, todo hay que decirlo, se llegó a convertir casi en cotidiana en una gran cantidad de transacciones mercantiles.

La adopción de códigos éticos para luchar contra la morosidad no solo se orienta hacia la penalización de los retrasos o los impagos, sino que también plantea el reto a las empresas de reducir en la medida de lo posible los plazos de vencimiento del pago sus facturas.