Pese a que es una actividad completamente ilegal y penada gravemente, la cesión ilegal de trabajadores es una práctica bastante habitual en las empresas. A continuación vamos a detallar en qué consiste esta actividad, así como sus riesgos para las compañías y posibles beneficios de cara a los trabajadores.
Cuando una empresa, que no dispone de la condición de ETT (Empresa de Trabajo Temporal), pone a disposición de otra compañía los servicios de un trabajador, cediéndolos de manera temporal, nos encontramos frente a una cesión ilegal de trabajadores. La primera empresa es la que contrata al empleado, siendo este (dentro de una perspectiva legal) su empleado, pero realmente realiza su actividad para la segunda compañía.
De cara a las empresas, ambas salen ganando. La que cede al trabajador tiene la única preocupación de contratarlo, es decir, seleccionar al personal que va a ceder a la otra empresa, mientras que la compañía que lo recibe evita gastos de contratación y despidos.
Para tener claro cuáles son los casos específicos en los que se consideraría una cesión ilegal de trabajadores, acudiremos al artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, donde se especifican cuatro situaciones:
En cualquiera de estas situaciones, las empresas estarían incurriendo en una irregularidad bastante grave, cuyas consecuencias económicas pueden ser muy significativas.
Los empleados deben conocer que, pese a su ilegalidad, esta práctica es muy habitual en el sector empresarial. Hay ciertas situaciones en las que el trabajador puede empezar a pensar que es una víctima de este tipo de acciones, y algunas de las más habituales son:
Cuando algún trabajador considere que está siendo víctima de alguna de estas situaciones, le conviene ponerse en manos de sus abogados para revisar las condiciones de su contrato laboral, y en caso de que se considere oportuno demandar a las empresas implicadas por la puesta en práctica de esta acción ilegal.
En caso de que se confirme la aplicación de una cesión ilegal por parte de las empresas, el trabajador se vería bastante beneficiado. Los empleados afectados podrán decidir si quieren ser contratados de forma fija en cualquiera de las dos empresas, ya que estas estarán en la obligación de incorporar a cualquier empleado que haya sido víctima de un caso como este. Después de esto, las compañías serán las encargadas de decidir si readmiten al trabajador o le pagan la indemnización correspondiente.
Los trabajadores también podrán solicitar las diferencias salariales correspondientes a la irregularidad, con un límite de un año de trabajo. Por último, todos los despidos provocados por las represalias de la empresa se considerarán nulos, ya que el trabajador goza de la garantía de indemnidad.
Todas las situaciones expuestas en el apartado anterior benefician al trabajador, pero desde el punto de vista de las empresas no se pueden considerar unas consecuencias positivas. Además, el tribunal que lleve el caso aplicará una sanción económica a las compañías, cuyos importes van desde los 6251 euros hasta los 181 515, debido a que se considera una infracción muy grave.
Este tipo de prácticas son aplicadas por las empresas debido a los resultados positivos que conllevan, pero en los casos donde el tribunal dictamina a favor del trabajador, los beneficios se pueden llegar a convertir en considerables pérdidas.
La cesión ilegal de trabajadores es una práctica que va en contra de los derechos del trabajador, beneficiando exclusivamente a las empresas implicadas. Es por ello que los empleados que sean víctimas de este tipo de prácticas desleales deben tomar medidas legales para acabar con ellas, ya que los tribunales estarán siempre de su lado, favoreciendo el bienestar del entorno laboral así como la protección de los derechos del trabajador.
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