Los teléfonos móviles son hoy en día herramientas indispensables en nuestro día a día, a través de los cuales realizamos muchos de los procesos y tareas habituales, como compras online, gestiones bancarias, comunicación, navegación por internet, teletrabajo o interacción con administraciones públicas entre otros.
Las redes móviles son elementos claves que han facilitado el éxito de todos estos dispositivos, proporcionando cobertura en cualquier ubicación, y facilitando conexiones estables y eficientes. La instalación de antenas de telefonía móvil en zonas estratégicas garantiza este alto nivel de servicio, creando una infraestructura adecuada para que las señales móviles lleguen a cualquier lugar en zonas urbanas e incluso, en zonas rurales y más alejadas.
Durante la última década, la instalación de antenas de telefonía móvil ha visto como su marco regulador se ha modificado para poder establecer unas condiciones que se adapten a las necesidades actuales. El marco legal actual pretende controlar el uso de este tipo de infraestructuras para garantizar el buen funcionamiento de la red móvil nacional, evitando que las compañías puedan instalar antenas de telefonía móvil solo bajo criterios subjetivos.
En España, la instalación de antenas de telefonía móvil debe estar autorizada por los municipios, es decir, son los ayuntamientos los encargados de dar dicha autorización.
Si las empresas cumplen con los requisitos necesarios para la instalación de estas infraestructuras, puede recibir la aprobación del municipio, nunca pudiendo realizar dichas instalaciones por decisión propia y unilateral.
Tanto la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, como el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, establecen las condiciones necesarias para regular el sector, basándose en datos científicos para garantizar la protección del dominio público radioeléctrico, establecer restricciones a las emisiones radioeléctricas y garantizar las medidas de protección sanitaria adecuadas frente a emisiones radioeléctricas.
Las instalaciones de telecomunicaciones deben cumplir con los requisitos que se recogen en el Real Decreto 1066/2001 y en la Orden CTE/23/2002. Los principales puntos que se deben cumplir son:
La instalación de antenas móviles en edificios es el proceso habitual, pues se busca la altura y ubicación estratégica de los mismos para poder maximizar la cobertura. La normativa actual establece una serie de normas para regular la relación entre las operadoras y las comunidades de propietarios en este aspecto.
Las comunidades de propietarios pueden vender, alquilar o ceder la propiedad para la instalación de estas infraestructuras de red, de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal, por lo que será necesario una autorización dependiendo de si son necesarias obras en la estructura.
Hay que tener en cuenta que las torretas para la instalación de antenas móviles son estructuras pesadas, por lo que en muchos casos es necesario abordar obras para poder garantizar la seguridad del edificio (es la operadora la que debe asumir este coste, además de la gestión de los permisos pertinentes de obra).
El contrato entre la operadora y el cliente para la instalación de las antenas de telefonía móvil debe cumplir con una serie de aspectos concretos:
La operadora es la encargada de conseguir todos los permisos y licencias municipales que sean necesarias para la instalación legal. Además, una vez finalizado el contrato, y si no se renovase, la operadora está obligada a realizar la desinstalación de la infraestructura.
El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2021, busca adecuar la normativa del sector a las necesidades actuales del mercado, donde las redes móviles son un elemento básico, tanto para las empresas e industrias, como para los propios ciudadanos.
En este nuevo proyecto de ley se incluyen medidas importantes como:
La instalación de antenas de telefonía móvil en España tiene un marco regulador que garantiza la salud y bienestar de los ciudadanos y facilita la creación de una infraestructura de telefonía adecuada para cubrir las necesidades actuales del mercado.
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