por Software DELSOL
La hostelería y el turismo son dos de los grandes motores de la economía española, y lamentablemente han sido duramente golpeados a causa de los efectos de la pandemia de coronavirus: el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 22 de diciembre de 2020 un plan de apoyo a estos colectivos empresariales, en un intento por paliar las graves consecuencias que les azotan.
Una gran parte de los negocios pertenecientes a la hostelería, restauración y turismo no han dejado de sufrir lo indecible para hacer frente al pago de las rentas de sus locales. La ausencia de clientela ha obligado a muchos a echar el cierre o a dejar de abonar las cuotas por sus alquileres.
En el caso de los locales donde desarrollen su actividad pequeñas y medianas empresas (pymes) o autónomos cuyo casero tenga en propiedad diez o más locales, la normativa prevé una ampliación de la renegociación, condonación o moratoria del pago del alquiler hasta el próximo 9 de mayo de 2021, fecha prevista de finalización del estado de alarma.
No obstante, en caso de que la renegociación no surtiese efecto, el arrendatario podría solicitar un aplazamiento del pago de las cuotas, o una rebaja de la mitad de la renta.
Los pequeños propietarios contarán con un incentivo en el IRPF: la cuantía de la rebaja de la renta que se haya acordado computará como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario. De esta forma, se podría deducir la totalidad de la renta mensual.
Uno de los grandes problemas de las agencias de viajes ha sido tener que devolver los anticipos a sus clientes, a causa de las contrataciones y reservas que han sido canceladas.
Esta situación se podrá paliar gracias a los préstamos ICO, ya que se permitirá a los titulares empezar a devolver el crédito más tarde: se ampliará el periodo de carencia durante un año más, y se inyectarán unos 500 millones de euros destinados a nuevas líneas de crédito.
Por otra parte, se ampliarán hasta un máximo de tres años los avales de las SGR (sociedades de garantía recíproca) de las comunidades autónomas, con reafianzamiento respaldado por CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento); también está previsto crear una SGR de carácter turístico en exclusiva.
Las consecuencias en cadena de esta crisis han ocasionado que muchas empresas vayan a tener que adelantar el pago del IVA de unas facturas que quizá no hayan cobrado todavía, o que simplemente necesiten disponer de dinero en efectivo para sostenerse.
Todos los autónomos y sociedades mercantiles podrán beneficiarse de un aplazamiento de pago de la autoliquidación del IVA del primer trimestre de 2021: el plazo máximo de moratoria alcanzará los seis meses, estando los primeros 3 meses libres de intereses de demora.
Paralelamente, para las empresas que tributen por módulos se prevé una reducción del IRPF del 5 % al 35 %.
Con el paso de los meses, se ha ido demostrando que el alcance de esta crisis abarcaba a más sectores de los originalmente previstos; por ello, se amplía el catálogo de sectores afectados por la declaración del estado de alarma, incluyendo a los siguientes:
Las empresas que conforman este catálogo cuentan con bonificaciones directas al pagar las cuotas de la Seguridad Social por sus trabajadores: bonificaciones del 85 % en empresas de menos de 50 empleados, y del 75 % para las restantes.
También se mantendrán las bonificaciones del 50 % para empresas cuyos trabajadores con contratos fijos discontinuos extiendan su periodo de actividad durante los meses de abril y octubre de 2021, siempre que dichas empresas estén vinculadas con el sector turístico.
En España existen casi 700 ZGAT (Zonas de Gran Afluencia Turística), cuyos horarios comerciales son especiales, y que han visto reducido drásticamente su volumen de visitantes.
El paquete de medidas incluye la aprobación de un régimen transitorio para estas zonas. Asimismo, se espera una inyección desde los fondos europeos que ascendería a 100 millones de euros y que estaría destinada a reforzar y modernizar estas zonas.
Además, se flexibilizan requisitos para acceder a las ayudas estatales a la inversión productiva (incentivos regionales), y se ampliarán los plazos para que las empresas que se declaren en concurso de acreedores inicien tales trámites, en una clara declaración de intenciones de evitar que estas sociedades se vean obligadas a disolverse.
El plan de apoyo al comercio y la hostelería abarca una serie de medidas destinadas a aliviar la presión fiscal, minimizar el coste de los seguros sociales de los trabajadores, aligerar la carga de los alquileres y preservar el máximo de puestos de trabajo posibles.
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