En muchas ocasiones, las compañías se tienen que enfrentar a situaciones muy delicadas en las que se encuentran con falta de liquidez para hacer frente a todas las deudas que han contraído durante el tiempo. Para este tipo de casos existe el concurso de acreedores, un procedimiento judicial en el que, de llegar a llevarse a cabo, se termina decidiendo el futuro y la continuidad de la empresa en el mercado.
Podemos considerar al concurso de acreedores como una herramienta de la que pueden hacer uso las empresas en casos de crisis, donde no tienen la capacidad para hacer frente a sus deudas y obligaciones y se encuentran en una grave situación de falta de liquidez y solvencia. Por estos motivos, las compañías hacen uso del concurso de acreedores, con el fin de solucionar estos problemas y pagar todas las deudas a sus acreedores.
Esto solo se puede hacer cuando la sociedad no esté en condiciones para cumplir sus obligaciones (con la Seguridad Social, con sus propios trabajadores, con proveedores, clientes, entidades bancarias, entre otros), y se vea obligada a utilizar esta herramienta para satisfacer todas las deudas que pueda, sin ningún tipo de trato de favor a alguna empresa, persona o entidad.
Se trata de un proceso diseñado para proteger a los afectados más débiles, generalmente los trabajadores, y que tiene como objetivo conseguir que los acreedores reciban sus pagos mientras la compañía se mantiene a flote.
Desde el momento en el que sabe que no va a ser capaz de cumplir con sus obligaciones, está obligado a solicitar la declaración de concurso en un plazo de dos meses, en el que tiene la opción de negociar para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para conseguir las adhesiones necesarias que le permitan seguir con el concurso de acreedores.
A partir de este momento no se podrán realizar ejecuciones de bienes o derechos que imposibiliten la realización de la actividad profesional del deudor, y en este periodo de negociaciones tendrá el derecho a evitar la publicación del concurso en los registros, para que la opinión pública no conozca la situación financiera de la empresa.
El concurso de acreedores tiene varias fases, que podemos agrupar en las cuatro siguientes:
Antes de declarar el concurso se tienen que preparar los presupuestos y el procedimiento para la declaración. Tras ello, se entra en la fase común, donde se solicita la declaración, el juez estudia la petición y aplica las medidas cautelares en caso de que sean necesarias. Aquí se paran todas las ejecuciones pendientes y se prohíbe el devengo de intereses y la presentación de nuevas demandas. Además, se lleva a cabo la administración concursal y se determina la masa activa y la pasa pasiva de la empresa.
La fase de resolución la dividiremos en dos partes: el convenio y la liquidación (esta última se da cuando no se ha podido aprobar el convenio). En la fase de convenio se reciben todas aquellas propuestas que presenten acreedores y deudores, las cuales están obligadas a mantener la continuidad de la actividad profesional del concursado. Tras proponerlas, los acreedores votan por la que consideren mejor y, si se obtiene una mayoría, el juez la aprobará.
En caso de no haberse aprobado un convenio, o bien el deudor concursado se vea en la necesidad de iniciar la liquidación, se llegará a esta fase. En este punto, el administrador concursal tomará todas las responsabilidades de gestión y administración, que habrá perdido el deudor, y se realizará una liquidación donde se vendan los bienes de este último para pagar la deuda.
Una vez terminado el concurso se califica con el fin de determinar si ha sido fortuito o culpable. El segundo caso ocurre cuando, en la generación de solvencia, se haya producido dolo o culpa grave del deudor o algún profesional relacionado con el mismo. De ser así, se inhabilitará a los afectados, que se verán obligados a devolver los bienes obtenidos de forma ilícita, indemnizando al deudor por los daños causados.
Existen dos maneras de solicitar un concurso de acreedores, en función de la persona física que lo haga:
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