Devaluación del IVA

La fijación, aumento, disminución y distribución entre los diferentes tipos de productos del tipo de gravamen del IVA, como ocurre con los tipos impositivos de todos los tributos directos o indirectos, no es sólo un instrumento de recaudación para el Estado, también es un instrumento de gestión de la política económica del territorio donde se aplican tales tributos.

La política económica

La política económica es uno de los campos de actuación de las autoridades públicas, de los Estados, y consiste en implementar acciones y decisiones encaminadas a controlar la situación económica del país, normalmente para conseguir una estabilidad económica y un crecimiento económico.

Normalmente se persigue, con ella, objetivos a corto plazo como la estabilidad de los precios, el pleno empleo y mejorar la balanza de pagos con el exterior.

También existen objetivos a largo plazo que pueden variar según el enfoque político de las autoridades que la aplican, hablamos de favorecer la productividad de las empresas, mejorar la distribución de la riqueza entre las diferentes capas de población, aproximar el nivel económico de unas regiones respecto de otras, proteger el poder adquisitivo de los consumidores y facilitarles bienes y servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores.

Existen, fundamentalmente, dos herramientas en manos de las autoridades públicas para influir en la marcha económica del país: las políticas monetarias y la política fiscal.

Respecto de las políticas monetarias, en España las autoridades no cuentan con esta herramienta ya que nuestra moneda (el Euro) y los instrumentos que giran a su alrededor están controlados por el Banco Central Europeo. Por lo tanto, las políticas monetarias, en nuestro caso, son las que implementa la Comunidad Europea en todos sus aspectos: fijación de los tipos de interés, intervención en el cambio y posibles devaluaciones, etc.

Por lo tanto, el único instrumento que queda en manos del Gobierno de España (y de otras administraciones públicas españolas) para poder influir en la economía es la política fiscal.

La política fiscal

Como hemos dicho al principio, la fijación y gestión de los tributos del Estado es el instrumento más importante de la política fiscal.

El Estado gestiona sus ingresos y gastos (tanto los del Estado Central como los de otras administraciones según la regulación en cada caso) y ello influye, sin duda, en el devenir económico.

En el caso de un impuesto indirecto que grava el consumo (como el IVA o el IGC Canario) un efecto muy relevante es que aumentan, cara al consumidor final, los precios de los bienes y servicios.

Por lo tanto, un tipo de IVA más alto va a encarecer los productos a los que se aplica y, si se reduce, los hará más baratos.

Respecto a los productores y vendedores de esos bienes y servicios el IVA no les afecta, al menos en teoría, ya que está destinado a gravar el consumo. Sin embargo, esto no es del todo cierto, por un lado están obligados a recaudar y gestionar el IVA y, por otro, al encarecer el precio de sus productos y servicios va a afectar, también, a sus cuentas de resultados.

Por otro lado, una subida del IVA también va a afectar a las importaciones y exportaciones; para las exportaciones porque al aplicar el impuesto se encarecen los productos y se va a vender menos y a las importaciones porque, al aplicar el impuesto en la aduana, también se encarecen los productos. Esto puede suponer un fomento del consumo de bienes y servicios en el interior del país.

Otro modo de utilizar esta política fiscal puede ser reducir los impuestos indirectos.

Por ejemplo, una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas por sus trabajadores o una política de subvenciones y bonificaciones en determinados casos, puede ayudar a la promoción del empleo.

Desde determinadas perspectivas económicas se piensa, también, que una rebaja en los tipos de gravamen de los impuestos que gravan la renta y los beneficios (el IRPF y el Impuesto de Sociedades) supone dejar más dinero en el bolsillo de los consumidores y las empresas lo que mejorará el ahorro y la inversión privados.

Todo ello debe, en todo caso, compaginarse con la necesidad de financiar los gastos públicos para poder mantener los servicios públicos, los gastos de las Administraciones Públicas y, también, para hacer frente a la deuda pública (que en España es, por desgracia, astronómica).

Por lo tanto, una bajada de impuestos indirectos (incluidas las cotizaciones sociales que también deben afrontar gastos como la sanidad y las pensiones) no puede llevarse a cabo alegremente o, al menos, no es fácil de poner en práctica.

La curva de laffer

Respecto de lo que acabamos de hablar, no necesariamente hay una relación directa entre los tipos impositivos y la recaudación, es decir, una subida de los tipos impositivos de un impuesto como el IRPF no tiene por qué suponer un aumento del dinero que conseguimos con dicho impuesto.

En tal sentido la curva de Laffer expone esta relación entre el nivel de gravamen y la recaudación que se consigue.

La idea es que, a nivel de gravamen cero, la recaudación es, lógicamente, cero.

Según vamos subiendo el tipo de gravamen la recaudación aumenta.

Pero existe un punto en el que el tipo de gravamen es tan alto que incita a que los contribuyentes no cumplan sus obligaciones y, también, reduce la actividad económica porque los contribuyentes no están interesados en mayores ingresos si van a tener que pagar excesivos impuestos por ello, por lo que la recaudación disminuirá y disminuirá en mayor medida según vaya subiendo el tipo impositivo.

Si el tipo impositivo llega al 100% la recaudación será cero.

La conclusión es que una subida de impuestos no tiene que significar, necesariamente, un aumento de la recaudación y puede suponer, incluso, una disminución de los ingresos.